Ciudad de Panamá, 26 oct – El Gobierno panameño estableció multas de entre mil y cinco mil dólares «a toda persona extranjera» que ingrese irregularmente al país por la frontera con Colombia, sanción que, sin embargo, se ajustará a las condiciones de «vulnerabilidad» de los inmigrantes.
Las multas están contempladas en el Decreto Ejecutivo 194, aprobado y publicado con fecha de este viernes 25 de octubre en la Gaceta del Estado, debido a la forma «alarmante» en que ha aumentado el ingreso de ciudadanos extranjeros al país a través del flujo migratorio irregular que cruza «mediante pasos informales» la selva del Darién, frontera natural con Colombia.
Esta situación, señala la norma, constituye una «clara violación a los puestos de control migratorio oficialmente habilitados y, en consecuencia, la configuración de una infracción migratoria administrativa».
El decreto 194 estipula que toda persona extranjera que entre al país «violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o marítimos», será multada con un monto que oscila entre mil dólares hasta cinco mil dólares, según la gravedad cometida, «por lo que no podrá salir del país sin antes haber cancelado esta sanción pecuniaria».
En caso de no poder hacerlo por no tener los recursos económicos, «se procederá con su deportación» de acuerdo con la leyes de Migración.
La norma contempla además que la sanción debe ser ajustada tomando en consideración las «condiciones de vulnerabilidad» en que están las personas migrantes que forman parte del flujo irregular y que entran a Panamá atravesando la selva del Darién mediante pasos informales.
Se les impondrá una multa de 300 dólares por la primera vez, 600 dólares por la segunda, 900 dólares por la tercera y mil por cada una de las siguientes ocasiones, «por cada persona extranjera que ingrese de esta forma por la frontera colombo-panameña», según el decreto.
Asimismo, señala que esta multa deberá ser cancelada por el ciudadano extranjero irregular «antes de su salida del territorio nacional hacia Costa Rica».
El decreto recuerda que a través de la Operación Flujo Controlado el Estado panameño «asegura el tránsito de los migrantes irregulares de frontera a frontera».
Esto, añade, «brindándoles servicios básicos y ayuda humanitaria, en una articulación interinstitucional que reconoce sus derechos humanos y les protege de su vulnerabilidad frente a las redes criminales».
Hasta el pasado 13 de octubre, 274.444 viajeros irregulares han llegado a Panamá a través de la jungla, un 36,5 % menos que los 432.211 registrados en el mismo lapso de 2023, en su camino hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida, de acuerdo con las estadísticas panameñas.
Un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para repatriar migrantes irregulares que cruzan el Tapón del Darién ha reducido en un 92 % el tránsito por esa selva de ciudadanos ecuatorianos y en un 65 % el de colombianos, dijo el 22 de octubre pasado la Embajada estadounidense en el país centroamericano.
El acuerdo, suscrito el 1 de julio pasado, contempla la repatriación vía aérea y en base a las leyes panameñas de migrantes irregulares que hayan llegado a Panamá tras cruzar la selva fronteriza con Colombia, con Estados Unidos financiando los vuelos.
Casi 800 migrantes han sido deportados en una veintena de vuelos financiados por EE.UU., el primero de ellos el 20 de agosto de 2024.
Los colombianos y los ecuatorianos están entre las principales nacionalidades de los migrantes irregulares que atraviesan la selva con destino a Norteamérica.
Desde hace varios años la gran mayoría son venezolanos, aunque el plan de deportación no se puede aplicar a ellos dada la suspensión, desde finales de julio, de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela.
EFE