El señalado agresor habría atacado a la víctima con un palo por la espalda, causándole la muerte, y posteriormente robado sus pertenecías.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
CESAR, COLOMBIA (3 NOV 2024) – En un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial Indígena, se logró la captura y judicialización de Rafael Francisco H. M., presunto responsable del asesinato del líder indígena arahuaco Julio Zalabata Luque. El crimen ocurrió el pasado 21 de septiembre en una zona rural de Pueblo Bello, Cesar, y ha sido ampliamente repudiado por las comunidades indígenas y la sociedad en general.
De acuerdo con la investigación, Rafael Francisco habría atacado a la víctima por la espalda con un palo, golpeándolo hasta causarle la muerte, para luego robar sus pertenencias. La labor de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía y las autoridades indígenas fue determinante para identificar al sospechoso y obtener una orden de captura, la cual fue ejecutada por la Policía Nacional.
El agresor fue presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio y hurto agravado. Tras las audiencias concentradas, el juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Julio Zalabata Luque, de 72 años, era un mayor y autoridad tradicional de la comunidad arahuaca Kwanimun, reconocido por su papel como conciliador y defensor de los derechos de su pueblo. Este crimen ha generado un llamado de las comunidades indígenas y de las autoridades para fortalecer la protección de los líderes indígenas en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.