Madrid, España, 7 noviembre de 2024.- En una operación conjunta de gran envergadura, las fuerzas de seguridad de España y Colombia, junto con Interpol, lograron desmantelar una organización criminal de origen colombiano que operaba en territorio español dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Este operativo, desarrollado en las localidades de Almendralejo (Badajoz) y Arrecife (Lanzarote), concluyó con la detención de 18 personas vinculadas a la organización y la liberación de 18 víctimas, en su mayoría mujeres colombianas que fueron captadas bajo falsas promesas de una mejor vida en Europa.
Según el informe de las autoridades, la organización criminal seducía a las mujeres en Colombia con la promesa de un futuro próspero en España, ofreciéndoles empleo y una oportunidad para mejorar la situación económica de sus familias. Para facilitar el traslado, la red se encargaba de todos los trámites legales y de viaje, cubriendo los costos de pasaporte, billete de avión y otros viáticos iniciales, por un valor total de aproximadamente 3.400 euros. Este dinero generaba una deuda que las mujeres debían pagar a la organización, quedando en una situación de dependencia total y sin posibilidad de abandonar el país o buscar ayuda hasta que liquidaran completamente dicha deuda.
Una vez que las víctimas llegaban a España, eran recibidas en el aeropuerto de Madrid por miembros de la organización, quienes se encargaban de trasladarlas a sus destinos finales. En muchos casos, las mujeres eran llevadas a un club nocturno en la isla de Lanzarote o a una casa controlada por la organización en Almendralejo, donde comenzaba su proceso de explotación. Las mujeres debían ejercer la prostitución sin descanso, enfrentándose a horarios exhaustivos de 24 horas, con un mínimo de una o dos horas libres al día. Cualquier incumplimiento de esta norma resultaba en sanciones económicas adicionales, lo que incrementaba su deuda y perpetuaba su estado de sometimiento.
Para maximizar las ganancias, la organización imponía estrictas normas de conducta, obligando a las mujeres a incentivar a los clientes a consumir bebidas y a ofrecerles drogas y otros medicamentos. La situación de vulnerabilidad de las víctimas se agravaba con el uso de cámaras de vigilancia ubicadas en las zonas comunes de las residencias, que permitían a los explotadores monitorear y grabar cada movimiento de las mujeres, asegurándose de que no pudieran escapar ni comunicarse con el exterior sin ser detectadas.
Procedimiento policial y hallazgos
Las investigaciones, fruto de meses de colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de España y la Policía colombiana, dieron lugar a una serie de registros simultáneos en seis propiedades de la red criminal en las localidades de Lanzarote y Almendralejo. Durante los operativos, se incautaron más de 30.000 euros en efectivo, 32 dosis de cocaína, más de 130 pastillas de medicamentos para la disfunción eréctil, y seis teléfonos móviles. Además, las autoridades confiscaron diversa documentación y material informático que resultaron clave para la investigación, proporcionando pruebas de las operaciones ilícitas de la organización.
Tras el operativo, 18 personas fueron detenidas, de las cuales seis ya han sido ingresadas en prisión preventiva. A los sospechosos se les imputan múltiples delitos, incluyendo trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de estupefacientes, distribución de medicamentos no autorizados, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra el derecho de los trabajadores, así como pertenencia a una organización criminal.
Captación y condiciones de explotación de las víctimas
La organización centraba su actividad en captar a mujeres colombianas en situaciones de pobreza extrema o necesidad económica, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la falta de empleo e ingresos en su país de origen. La promesa de una vida mejor en España, combinada con la oferta de cubrir los gastos de viaje, convencía a las víctimas de aceptar la ayuda de la organización. Sin embargo, una vez en España, estas mujeres se encontraban en una situación de total dependencia, con sus documentos confiscados y bajo una deuda que las dejaba sin posibilidad de regresar a su país.
La explotación continuaba con condiciones de trabajo inhumanas, ya que las mujeres eran obligadas a permanecer disponibles para ejercer la prostitución las 24 horas del día. Además, sus horas de descanso estaban restringidas y vigiladas, y cualquier incumplimiento en sus “turnos” resultaba en sanciones económicas que aumentaban su deuda. La red también las obligaba a involucrarse en la venta de drogas y medicamentos para la disfunción eréctil, que debían ofrecer a los clientes en los clubes y residencias controladas por la organización.
Vigilancia extrema y control total
Para mantener a las víctimas en un estado de sometimiento, los miembros de la organización empleaban sistemas de vigilancia meticulosos. Las zonas comunes de las viviendas en Lanzarote y Almendralejo estaban equipadas con cámaras de seguridad, lo que permitía a los explotadores monitorear los movimientos de las mujeres en todo momento. Esta supervisión constante aseguraba que las víctimas no pudieran escapar ni contactar con el exterior, manteniéndolas en un estado de aislamiento absoluto y bajo el control de la organización.
Impacto del operativo y acción conjunta
Gracias a la cooperación internacional entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de España y la Policía colombiana, con el apoyo de Interpol, este operativo ha permitido desmantelar una red internacional de explotación sexual y liberar a 18 mujeres que vivían en condiciones degradantes y de absoluta explotación. Las autoridades españolas y colombianas han reiterado su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para enfrentar las redes de trata de personas y brindar apoyo a las víctimas de explotación sexual.
A.U.