Los uniformados se habrían prestado para retener de manera ilegal a un hombre, señalado de haber hurtado 10 millones de pesos.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
MEDELLÍN, COLOMBIA (7 NOV 2024) – Tres policías y dos civiles fueron judicializados en Medellín por la presunta retención ilegal y extorsión a un hombre señalado de haber hurtado 10 millones de pesos. El intendente Jhon Geulis P. L. y los patrulleros Mauricio David H. E. y Jorge Esteban A. D., presuntamente confabulados con los civiles Cristian Camilo y José Alberto R. C., enfrentan cargos de concusión, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Delitos contra la Administración Pública, determinó que el 6 de octubre de 2023 los policías habrían capturado a Maicol Andretti Zapata Martínez, a quien los hermanos Cristian Camilo y José Alberto acusaban de haberles robado 10 millones de pesos. En lugar de poner al detenido a disposición de la Fiscalía, los policías lo habrían trasladado al barrio Naranjal de Medellín y lo mantuvieron esposado durante tres horas, exigiéndole devolver el dinero que supuestamente había sustraído.
Durante esta detención ilegal, las autoridades descubrieron que los policías habrían pedido a Zapata Martínez 20 millones de pesos para evitar procesarlo por el presunto hurto. La compañera sentimental del detenido entregó 10 millones de pesos para lograr su liberación. Luego de recibir el dinero, los agentes le leyeron a Zapata sus derechos como capturado, pero no reportaron la suma obtenida.
Los cinco implicados fueron enviados a un centro de reclusión preventivo, y aunque ninguno aceptó los cargos, la Fiscalía reafirma su compromiso de investigar y sancionar los delitos contra la administración pública para asegurar la transparencia en el servicio.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.