Los procesados, al parecer, incurrían en extorsiones a nombre del (mal llamado) Clan del Golfo.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
ANTIOQUIA, COLOMBIA (8 NOV 2024) – Cuatro presuntos miembros de la organización criminal ‘La Miel’, que al parecer operaba bajo el nombre del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) para extorsionar a mineros de carbón en el suroeste antioqueño, fueron asegurados judicialmente. Los procesados, identificados como Robert José R. M. (alias «Lupi»), Julio Bersy D. D. (alias «Bebé»), Enilson M. S. (alias «Pigui») y Valentina V. L., enfrentan cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir.
La Fiscalía General de la Nación estableció que la banda habría exigido a los dueños de minas de carbón en el corregimiento de Palomos, Fredonia, pagos mensuales de entre 600,000 y 800,000 pesos, para permitirles continuar sus actividades mineras en la región. Durante la investigación, que abarca hechos ocurridos entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024, se demostró que Vega Lopera habría facilitado su cuenta bancaria para recibir dinero ilícito en al menos siete ocasiones.
Los acusados fueron detenidos en operativos simultáneos realizados por el Gaula de la Policía Nacional en Fredonia y Bello. Tras evaluar el material probatorio, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres hombres, mientras que a Valentina V. L. se le concedió detención domiciliaria.
Adicionalmente, las autoridades han emitido una orden de captura contra Albenis José M. M. (alias «El Guajiro»), señalado como coordinador de la red de extorsión.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
