Manila, 13 de noviembre de 2024.- El expresidente filipino Rodrigo Duterte retó este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya a que acelere la investigación de la guerra contra las drogas en Filipinas durante su mandato entre 2016 y 2022.
«Estoy preguntando a la CPI que se den prisa si es posible, pueden venir aquí y empezar la investigación mañana. Este asunto lleva en curso demasiados años… Yo podría morir, no podrán investigarme», dijo el expresidente con su habitual tono desafiante, según recoge el canal filipino ABS-CBN.
Duterte se expresó así en una comisión del Congreso filipino, a pesar de que el exmandatario retiró a su país de la CPI en 2019 para evitar la entrada de los investigadores en Filipinas y esquivar ser implicado en las pesquisas de las operaciones policiales y las supuestas ejecuciones.
Unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante la violenta campaña, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
Duterte, de 79 años, volvió a asumir hoy la responsabilidad por la guerra contra las drogas, tal como hizo el mes pasado en otra comisión de investigación en el Senado sobre este mismo asunto.
«Si me encuentran culpable iré a prisión y me pudriré allí de por vida», afirmó el exmandatario tras pedir a la CPI que viaje a Filipinas a investigarle.
Tras la comparecencia, el Gobierno filipino señaló en un comunicado que no tratará de evitar ni se opone a que Duterte se entregue a la CPI y agregó que, por otra parte, se vería obligado a actuar si La Haya remite el caso a la Interpol y esta emite una alerta roja, lo que implica una orden de arresto internacional.
«El Gobierno se verá obligado a considerar y cumplir con la alerta roja, en cuyo caso las fuerzas de seguridad locales estarán obligadas a una cooperación total con la Interpol y sus protocolos», aseveró Lucas Bersamin, secretario ejecutivo de la Oficina de la Presidencia filipina.
Cerca de Duterte estuvo sentada hoy la exsenadora Leila de Lima, que calificó de mentiras las acusaciones por narcotráfico contra ella durante el mandato de Duterte, que le llevaron a pasar casi siete años en prisión hasta que salió absuelta por los tribunales en 2023.
El inicio de la guerra contra las drogas
Duterte llevó a cabo una primera guerra contra las drogas como alcalde de Davao (2013-2016), en el sur del país, y luego la retomó al inicio de su mandato como presidente en 2016 con el objetivo de acabar con el narcotráfico en el país.
Sin embargo, numerosas organizaciones de los derechos humanos y víctimas denuncian que policías y grupos de vigilantes llevaron a cabo ejecuciones en las que murieron traficantes, drogadictos y hasta otras personas que no tenían nada que ver con el narcotráfico.
Hasta el momento ha habido pocos procesos en Filipinas por los abusos en la guerra contra las drogas. El pasado junio, cuatro policías fueron condenados a 10 años de cárcel por el asesinato de un hombre y su hijo en 2016, mientras que otros tres agentes fueron sentenciados en 2018 por el asesinato de un joven de 17 años.
La Corte Penal Internacional inició por su parte una investigación por las ejecuciones extrajudiciales durante la guerra contra las drogas y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
EFE