Dos hombres van a prisión por extorsionar agricultores en Casanare

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Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, y por solicitud de la Fiscalía, el juez impuso medida carcelaria en su contra. | Fotos de la Fiscalía General de la Nación, FGN

YOPAL, COLOMBIA (10 NOV 2024) – Un juez de control de garantías en Yopal impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Eduard P. L. y Jairo Alberto A. B., quienes estarían implicados en una serie de extorsiones a agricultores de Casanare, presuntamente a nombre del Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Casanare, señala que entre el 16 y 19 de julio de este año, Jhon Eduard y Jairo Alberto se habrían desplazado a las zonas rurales de Orocué y San Luis de Palenque, donde, al parecer, se presentaron ante los agricultores de arroz para exigirles sumas mensuales de hasta 90 millones de pesos, ajustadas según la extensión de sus cultivos. Las exigencias habrían sido respaldadas con amenazas de represalias en caso de incumplimiento.

Ambos hombres fueron capturados en operativos conjuntos de la Policía Nacional, en Rionegro (Antioquia) y Cimitarra (Santander), y fueron posteriormente trasladados a Yopal, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y extorsión agravada consumada, cargos que no aceptaron.

La Fiscalía destacó la importancia de esta captura en su estrategia para contrarrestar las redes de extorsión que afectan a agricultores y trabajadores del campo en el Casanare, subrayando su compromiso de proteger la economía y la tranquilidad de las comunidades rurales.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.