Ana Isabel Mejía fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin vida
LA GUAJIRA, COLOMBIA (15 NOV 2024) – En un acto de violencia que ha conmocionado a Riohacha, Ana Isabel Mejía Córdoba, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue asesinada por sicarios mientras se encontraba conversando con su madre en la terraza de su casa. El hecho ocurrió el pasado jueves 14 de noviembre, alrededor de las 8:30 de la noche, en el sector de la calle 27 con carrera 7.
De acuerdo con lo informado por Vanguardia. Mejía Córdoba, quien contaba con más de 20 años de servicio en el CTI y había ocupado el cargo de jefe de Investigación, fue atacada por un hombre que descendió de una motocicleta para dispararle en repetidas ocasiones. Según testigos, tras arrebatarle su teléfono móvil, el sicario le disparó tres veces antes de huir junto con un cómplice hacia el sector del mercado público, a bordo de una motocicleta negra.
La víctima fue trasladada por sus familiares a un centro asistencial de Riohacha, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.
Las autoridades aún no han determinado los móviles del crimen ni han confirmado si Ana Isabel tenía amenazas en su contra relacionadas con su labor. Por su parte, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer este homicidio y capturar a los responsables.
El asesinato de Mejía Córdoba resalta los riesgos que enfrentan los funcionarios de la justicia en el país y pone en evidencia la creciente inseguridad en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.