Los procesados habrían exigido 15 millones de pesos a la víctima y una liposucción para la compañera sentimental de uno de ellos.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
ANTIOQUIA, COLOMBIA (15 NOV 2024) – Dos patrulleros de la Policía Nacional, identificados como José Yoiber E. V. y Diego Fernando C., fueron asegurados en su lugar de domicilio tras ser imputados por el delito de concusión. Según la Fiscalía, los uniformados habrían exigido 15 millones de pesos y un procedimiento estético a la propietaria de un spa en el barrio Manrique, Medellín, a cambio de no judicializarla por un supuesto homicidio culposo.
La investigación, a cargo de un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, estableció que el pasado 5 de septiembre los procesados informaron a la víctima que una extrabajadora de su establecimiento tenía una orden de captura por tentativa de homicidio, derivada de un procedimiento estético realizado en su spa. Argumentaron que, como propietaria del lugar, debía responder penalmente.
Ante esta situación, la víctima entregó 8 millones de pesos, temiendo represalias legales. Sin embargo, al no completar el monto exigido, Yoiber E. V. habría solicitado que realizara una liposucción a su pareja sentimental como compensación.
La captura de los dos patrulleros fue realizada por la Dijín el pasado 6 de noviembre. Aunque ambos negaron los cargos imputados, las pruebas obtenidas, como registros de las transacciones y testimonios, sustentaron la medida de aseguramiento en su contra.
Este caso se suma a otros esfuerzos de las autoridades por investigar y sancionar irregularidades dentro de las instituciones de seguridad pública.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
