Es señalado de ejercer presiones y determinar a un cabecilla paramilitar en Magdalena Medio para que ordenara a sus hombres asesinar a los integrantes de una comisión judicial, que investigaba la desaparición de unos comerciantes en Santander.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
SANTANDER, COLOMBIA (15 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación confirmó la resolución de acusación contra el excongresista Tiberio Villarreal Ramos por su presunta participación en la masacre de ‘La Rochela’, un crimen que dejó 12 muertos y 3 heridos el 18 de enero de 1989, en la zona rural de Simacota, Santander.
El excongresista deberá enfrentar juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir, según lo establecido por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Las investigaciones revelan que Villarreal Ramos habría sostenido reuniones con cabecillas paramilitares del Magdalena Medio, buscando apoyo político y financiero. En uno de esos encuentros, presuntamente presionó para que se asesinara a los integrantes de una comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes en Santander, con el objetivo de destruir pruebas clave en el caso.
El ataque, atribuido a una estructura paramilitar liderada por alias Vladimir, se materializó cuando hombres armados interceptaron a los funcionarios judiciales, simulando tener información relevante. Fueron llevados por una vía rural y emboscados, resultando en la muerte de dos jueces, dos secretarios de despacho, seis investigadores judiciales y dos conductores.
El proceso judicial contra Villarreal Ramos se adelanta bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal colombiano. Esta decisión marca un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de uno de los crímenes más emblemáticos de la violencia paramilitar en el país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.