Rodrigo Londoño, dirigente del partido político Farc, conocido en sus días de guerra como «Timochenko», le dirigió una carta al presidente Iván Duque de diez páginas en la que le pide que sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, aprobada por el Congreso y ya validada expresamente por la Corte Constitucional. Londoño se detiene, punto por punto, a desacreditar las cuatro preocupaciones que en días pasados el fiscal general Néstor Humberto Martínez le envío a Duque, también en una misiva.
En la carta, Londoño asegura que el fiscal Martínez ha sido «uno de los mayores opositores del Acuerdo de Paz desde que este se alcanzó» (…) «El Sr. Fiscal debe explicar al país su permanente y recalcitrante desacato a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Paz y su desprecio a la norma constitucional que obliga al cumplimiento de dicho Acuerdo», dice.
Por ejemplo, dice: «Las dudas que expresa el Fiscal General solo existen en su mente» y explica que es claro que los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías incluidos en el Acuerdo Final se encuentran supeditados a la obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o de continuar ejecutando delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre de 2016, y en particular y esto lo «indica expresamente la sentencia de la Corte recogiendo la supuesta preocupación del Fiscal General: el disfrute de cualquier beneficio o tratamiento especial está supeditado a garantizar que no se continúa ejecutando ningún delito relacionado con cultivados ilícitos».
Sobre la preocupación del fiscal Martínez acerca de la reincidencia en delitos y la posibilidad de que se conserven los beneficios de la JEP en estos casos, Londoño escribió: «La Jurisdicción Especial para la Paz prevé eliminar los distintos beneficios a que tuvieran derecho aquellas personas que vuelvan a delinquir o incumplan sus obligaciones de acceso al sistema de justicia para la paz, esto es la obligación de ofrecer verdad y reparación. Respecto a quienes solo cumplan algunas de las condiciones de acceso al sistema, la JEP reducirá gradualmente los beneficios a los que se pueda acceder, efectuando un ejercicio de ponderación equilibrado. El artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 001 de 2017 establece que las normas de procedimiento y el reglamento de la JEP son las normas que graduarán los incumplimientos dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo Final».
Desmiente uno a uno cada punto y termina concluyendo: «Con absoluta falta de lealtad institucional y en evidente actitud de desacato, el Sr Martínez Neira concluye su misiva calificando de “inconveniente” el contenido de dicha sentencia de la alta Corte y efectuando un llamado al Presidente de la República a que la irrespete e incumpla. Sin duda alguna, tras acabar el acuerdo de paz con un alzamiento insurgente de 54 años de duración, es ahora el sr Martínez en el que se declara rebelde al orden constitucional».
Tomado de El Espectador
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