Esta persona era solicitada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar, para que cumpla condena de 54 meses de prisión.
Policía Nacional
VALLEDUPAR, COLOMBIA (16 NOV 2024) – En un operativo coordinado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un hombre solicitado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar para cumplir una condena de 54 meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.
La captura se realizó en el barrio Alfonso López de Valledupar, donde el hombre intentó evadir a las autoridades, pero fue detenido rápidamente por los uniformados. Según el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el individuo cuenta con tres anotaciones judiciales por diferentes delitos y era considerado un peligroso delincuente.
Tras labores de inteligencia e investigación, los policías lograron ubicar el inmueble donde se encontraba. En un despliegue táctico, ingresaron a la vivienda y, tras una breve búsqueda, capturaron al hombre sin incidentes.
El capturado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante la autoridad competente para enfrentar los cargos correspondientes.
La Policía Metropolitana destacó que este tipo de acciones son fundamentales para combatir el tráfico ilegal de armas, que representa una amenaza significativa para la seguridad ciudadana. Las autoridades anunciaron que continuarán con operativos similares para capturar a otros delincuentes que afecten la tranquilidad en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.