SANTANDER, COLOMBIA (19 NOV 2024) – Ángelo Fernando G. A., alias Ángelo, señalado de liderar una serie de hurtos de motocicletas en Floridablanca, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión en un centro carcelario. La Fiscalía lo imputó por los delitos de hurto calificado y receptación, ambos agravados.
Detalles del caso
La investigación indica que entre febrero y mayo de 2024, alias Ángelo habría utilizado la modalidad de halado para sustraer varias motocicletas en el casco urbano de Floridablanca. Según las autoridades, el procesado desmantelaba los vehículos para vender sus partes, obteniendo ganancias estimadas en más de 40 millones de pesos.
Alias Ángelo ya cuenta con una condena previa de 23 años de prisión por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado, lo que refuerza su historial delictivo.
Captura y material incautado
El operativo de captura fue ejecutado por el CTI, la Policía Nacional y el Ejército en el barrio Guacamayas de Bucaramanga. Durante la diligencia, se encontró en su poder un arma de fuego, municiones y tres teléfonos celulares, que fueron incautados para el proceso judicial.
El juez avaló la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, asegurando que el procesado permanezca en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
Compromiso institucional
Las autoridades en Santander reiteran su compromiso de combatir el hurto de automotores y garantizar la seguridad ciudadana. Se invita a la población a reportar cualquier actividad sospechosa o relacionada con el comercio ilegal de partes de vehículos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.