Por el hacinamiento que presentan actualmente las Unidades de Reacción Inmediata, URI, en estos momentos será imposible que la Fiscalía General de la Nación pueda continuar realizando capturas en la ciudad de Medellín, en la capital Bogotá y en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y Risaralda.
Así se lo hizo saber al director del Inpec, general William Ernesto Ruiz Garzón, el fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, en una carta en la que agrega que “en varias oportunidades” se ha puesto de presente al Inpec la compleja situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de las diferentes ciudades del país, lo que está “afectando gravemente” la operatividad y el normal desarrollo de las funciones judiciales.
El fiscal Martínez asegura que, en total, se encuentran novecientas veintiséis (926) personas privadas de la libertad en las salas de paso de la Fiscalía en todo el país, cuando en esos sitios solo se tiene capacidad para alojar seiscientas ochenta y seis (686) personas, es decir, hay 240 personas de más, un hacinamiento del 35 %.
Agrega la carta que, de acuerdo con la información suministrada por las Direcciones Seccionales de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha permanecen recluidas en las salas de paso personas capturadas desde el mes de febrero de 2017.
Un caso extremo se evidenció en la seccional del Cesar, en donde una persona que estuvo recluida en la sala de paso desde el mes de julio de 2015, quedó en libertad en el mes de septiembre de 2018 por vencimiento de términos y nunca fue trasladada a un centro penitenciario.
Igualmente, en un caso de la seccional de Norte de Santander, una persona capturada desde el 13 de diciembre de 2017 y condenada el 16 de noviembre de 2018 no ha podido ser enviada a la cárcel Modelo.
Añade el fiscal Martínez en la misiva que otros ejemplos preocupantes son los casos de la seccional de Medellín, que cuenta con un espacio con capacidad máxima para albergar treinta y cinco (35) personas y a la fecha se encuentran detenidas ochenta y seis (86) personas; la seccional de Bogotá que tiene capacidad para alojar doscientas (200) personas y se encuentran recluidas cuatrocientas (400) personas; y la seccional de Atlántico que tiene capacidad para albergar cincuenta (50) personas y actualmente tiene retenidas ochenta (80) personas.
El representante del ente acusador destaca que la permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso “ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de tanto de los internos como de los servidores de la Entidad. Esto, sumado al ya conocido caso de fuga masiva ocurrida en la URI de Kennedy (Bogotá) y la compleja situación en Medellín (Antioquía)”.
Pese a los reiterados requerimientos que la Fiscalía General de la Nación ha elevado ante el Inpec desde al año anterior, dice Martínez Neira, no se ha obtenido una solución eficaz a esta problemática, al punto que en estos momentos será imposible que la Fiscalía pueda continuar realizando capturas en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y Risaralda, así como en la capital Bogotá y en la ciudad de Medellín.
“En este grave contexto, acudo a su Despacho para que se adopten soluciones estructurales al problema que está enfrentando el sistema penitenciario y carcelario”, concluye la carta enviada por el fiscal al director del Inpec.
En el caso de Medellín, no es la primera vez que el ente acusador advierte que no hará más capturas por el tema del hacinamiento. En junio de 2017 dijo al Inpec que por inoperancia de esa dependencia no se podría recibir más personas capturadas, imputadas y acusadas en las salas de paso de la capital antioqueña. Inclusive, en ese mes se adelantó una huelga de hambre por parte de los internos del búnker de la Fiscalía del barrio Caribe, por el hacinamiento, por la falta de visitas y por la deplorable situación en la que se hallaban.
Se espera la respuesta del Inpec y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el anuncio de las medidas que tomarán para superar la crisis carcelaria en el país.
