Dos sedes de la empresa Supergiros, dedicada al envío de dinero y pagos de rentas ciudadanas, fueron atacadas este fin de semana en el departamento del Atlántico. Los hechos han sido atribuidos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido por las autoridades como el Clan del Golfo.
El primer ataque ocurrió en el municipio de Luruaco, donde hombres armados dispararon contra una empleada de Supergiros mientras se encontraba trabajando en la sede. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde permanece con pronóstico reservado.
El segundo ataque tuvo lugar en Barranquilla, la capital departamental, donde otra sede de la compañía fue tiroteada. No se reportaron víctimas en este caso, pero las autoridades investigan si ambos hechos están conectados.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el constreñimiento de grupos armados ilegales hacia Supergiros, un fenómeno que también afecta a otros departamentos del Caribe colombiano como Sucre, Bolívar y Cesar. Según la defensora del pueblo, Iris Marín, las amenazas y ataques están dirigidos contra una empresa que distribuye subsidios gubernamentales a población vulnerable, en su mayoría a mujeres trabajadoras y beneficiarias de los pagos.
HISTORIAL DE VIOLENCIA
Estos ataques se suman al asesinato de Marlen Mozo, trabajadora de Supergiros en Bosconia, Cesar, ocurrido el pasado 4 de noviembre. Tras el crimen, los atacantes dejaron un panfleto firmado por el EGC que amenazaba con más violencia si las sedes de la compañía no cerraban sus operaciones.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), identificado como la estructura armada ilegal más grande del país, ha sido señalado como responsable de esta serie de intimidaciones. Según la Defensoría, la continuidad de estos ataques pone en riesgo tanto la vida de los empleados como la recepción de subsidios vitales para la población más vulnerable.
«Si las sedes de Supergiros no operan, muchas personas adultas mayores y familias de bajos ingresos no podrán acceder a estos recursos, que en ocasiones son su único sustento», advirtió Marín.
Las autoridades adelantan investigaciones y refuerzan medidas de seguridad en las zonas afectadas para proteger a los empleados y garantizar el acceso a los subsidios por parte de los beneficiarios.
A.U.
Con información de EFE