Colombia, 24 noviembre de 2024.- Una ola de ataques atribuidos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha forzado el cierre de más de 3.000 puntos de atención de Supergiros en la región Caribe. La empresa, dedicada al envío de dinero y a la gestión de pagos de subsidios gubernamentales, ha sido blanco de más de 50 atentados en las últimas dos semanas, afectando gravemente a sus trabajadores y usuarios.
ESCALADA DE VIOLENCIA
Durante el fin de semana, se registraron dos nuevos ataques en el departamento del Atlántico. En Barranquilla, un punto de atención ubicado en el barrio La Victoria fue tiroteado por hombres armados. Aunque la trabajadora que se encontraba en el lugar logró protegerse, los disparos impactaron la fachada del local, generando alarma entre la comunidad.
Otro ataque en Luruaco dejó gravemente herida a Merly Salas Rodríguez, de 32 años, quien recibió un disparo mientras trabajaba en el punto de atención ubicado en el sector La Puntica. Salas permanece bajo pronóstico reservado en una clínica de Sabanalarga.
Estos atentados se suman al asesinato de Fernanda Mozo, trabajadora de Supergiros en Bosconia, Cesar, el pasado 4 de noviembre. Este crimen marcó el inicio de una ofensiva del EGC contra la red de servicios, acompañada de amenazas que obligaron al cierre de puntos en Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.
CERRAR PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES
Según informó Blu Radio, Jhony Batalla Mena, asesor legal de Supergiros, explicó que la decisión de cerrar temporalmente las oficinas responde a la necesidad de proteger la vida de los trabajadores, en su mayoría mujeres, quienes han sido las principales víctimas de las amenazas. “Hemos decidido cerrar los puntos de atención para evitar que nuestras trabajadoras sigan siendo atacadas. Su seguridad y su integridad física son nuestra prioridad”, afirmó Batalla.
AFECTACIONES A LA POBLACIÓN VULNERABLE
El cierre de los puntos de Supergiros ha afectado gravemente a comunidades vulnerables que dependen de los servicios de la empresa, especialmente en zonas rurales y apartadas. Muchas personas no han podido acceder a subsidios gubernamentales que representan su único ingreso.
La Defensoría del Pueblo rechazó los constantes ataques y exigió acciones inmediatas para frenar el accionar del EGC. “Estos hechos atentan contra el derecho al trabajo y la vida de los empleados de Supergiros. Además, privan a miles de personas de acceder a servicios esenciales en zonas vulnerables”, señaló la entidad.
A LA ESPERA DE ACCIONES URGENTES
Supergiros ha solicitado a las autoridades garantías de seguridad para sus trabajadores y usuarios, mientras que los organismos de seguridad avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables de esta escalada de violencia.
A.U.