El uniformado aceptó entregarle información de operaciones y procedimientos judiciales a un integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOLÍVAR, COLOMBIA (24 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación avanzó en las investigaciones contra las estructuras armadas y financieras del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en la Costa Atlántica, logrando la judicialización de Harvey Arellano Cerda, intendente de la Policía Nacional y jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) en Bolívar.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, Arellano Cerda habría utilizado su posición para acceder sin autorización a sistemas internos de la Policía, con el propósito de obtener información sobre operativos y movimientos de la fuerza pública en el departamento. Esta información privilegiada era presuntamente entregada a integrantes de la subestructura Uldar Cardona Rueda del EGC, permitiendo que sus cabecillas evadieran las acciones de las autoridades y protegieran sus finanzas ilícitas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al uniformado el delito de violación de datos personales agravado, cargo que el acusado aceptó de manera voluntaria.
Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
La Fiscalía y la Policía Nacional reiteran su compromiso con la lucha contra las organizaciones criminales y la corrupción, destacando que estas acciones buscan garantizar la transparencia en las instituciones y proteger a la ciudadanía de la influencia de grupos ilegales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.