CASANARE, COLOMBIA (27 NOV 2024) – Julio Alberto R. fue enviado a prisión luego de ser capturado en flagrancia por su presunta responsabilidad en un caso de tentativa de extorsión agravada. El operativo fue llevado a cabo gracias al trabajo conjunto entre una Fiscalía especializada de la Seccional Casanare, el CTI, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
Detalles del caso
La captura ocurrió en la vía que conecta Paz de Ariporo con Yopal, cuando el procesado recibía 60 millones de pesos de un comerciante. La entrega fue controlada por las autoridades, quienes previamente habían identificado la exigencia de dinero como parte de un esquema de amenazas e intimidaciones.
Entre las pruebas recolectadas se incluyen:
- Dos equipos celulares: Desde los cuales, presuntamente, Julio Alberto realizaba contactos con sus víctimas.
- Mensajes intimidatorios: La víctima había recibido mensajes con amenazas desde el pasado 23 de octubre.
- Panfletos alusivos al Frente 28: Firmados por alias Antonio Medina, cabecilla de un grupo armado ilegal, utilizados para sembrar temor y legitimar las exigencias económicas.
Medida judicial
Un fiscal especializado imputó a Julio Alberto el delito de tentativa de extorsión agravada. Aunque el acusado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Impacto en la seguridad de Casanare
Este resultado reafirma el compromiso de las autoridades de combatir el delito de extorsión que afecta al sector comercial de la región. La articulación entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía busca desarticular redes que utilizan métodos de intimidación para generar ingresos ilícitos.
La comunidad es invitada a denunciar cualquier acto de extorsión a través de las líneas gratuitas 165 y 123, garantizando absoluta confidencialidad en el manejo de la información.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.