Con la cartilla ‘Trans-Formando Derechos: Derechos de las Personas Transgénero en Colombia’, la Defensoría del Pueblo “busca divulgar y proteger los derechos de las mujeres y hombres transgénero que son víctimas de constantes ataques y represalias, siendo discriminados a diario”, informó la entidad en su sitio web.
Para esa institución del Estado es preocupante la naturalización de este tipo de violencia por nuestra sociedad y el sistema de justicia se resiste a sancionarlas adecuadamente. Además, nos hemos acostumbrado a confinarlas a ciertos espacios y a determinadas actividades, condenándolas al olvido.
Durante el 2018, servidores de la Defensoría acompañaron 71 casos relacionados con violencia y discriminación por identidad de género. De estas, la mitad fueron víctimas del conflicto armado, principalmente desplazamiento y amenazas. El 75% de las atenciones fueron a mujeres transgénero, de las cuales el 25% están vinculadas al ejercicio de la prostitución y denunciaron ser víctimas de violencia por parte de la fuerza pública.
La mayor parte de las violencias hacia esta población sucede en el espacio público con un 70% y es la violencia física y psicológica la que afecta principalmente el ejercicio de sus derechos, los cuales también se ven impactados con la violencia en relación al liderazgo que ejercen en sus territorios.
Además, son constantes la impunidad y la violencia institucional que hay en la atención de los casos, por ejemplo, en violencia intrafamiliar las autoridades no reconocen las formas de familia que conforman las personas transgénero. Estos quedan generalmente sin protección debido al prejuicio y la falta de implementación del enfoque diferencial en las entidades encargadas de recibir y tramitar estas denuncias, las cuales son escasas debido a la falta de credibilidad en las acciones de investigación institucional y la persistencia del temor a no recibir una atención desde un enfoque que reconozca sus existencias.
Asimismo, en el 2018 la Defensoría realizó seis visitas a Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en el país, donde se atendieron 12 mujeres transgénero y siete hombres transgénero. Se encontraron problemáticas en relación a la discriminación por parte de personal del Inpec, que se rehúsa a llamarlos por sus nombres identitarios; no hay garantías para la visita conyugal entre personas privadas de la libertad en el mismo establecimiento penitenciario y faltan protocolos de privacidad sobre diagnósticos de enfermedades ruinosas o catastróficas.
Hay una alerta para el Valle del Cauca, donde el año pasado se cometieron 15 homicidios a personas LGBT, de los cuales nueve corresponden a mujeres transgénero, y siete de ellos en Cali. La Defensoría solicitó un Consejo de Seguridad al Departamento y a Cali, por lo que este año se encuentra en proceso de legalización la Mesa de Vida, Seguridad e Integridad de personas OSIGD.