MEDELLÍN, COLOMBIA. (27 DIC 2024) – Un juez de conocimiento de Medellín condenó a Jhon Edison Madrid García, alias Shrek, a 27 años y 2 meses de prisión tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que el acusado reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Los hechos

La sentencia está relacionada con el asesinato de los hermanos Ángel Enrique y Didier Julián Galindo Agudelo, de 32 y 42 años, ocurrido el 5 de octubre de 2023 en la vía a Las Palmas, en Medellín. Según las investigaciones, alias Shrek, de 25 años, fue el conductor de la motocicleta utilizada en el ataque.

El procesado era integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Caicedo’ y se encontraba privado de la libertad desde el 5 de junio de este año.

Antecedentes penales

Alias Shrek ya contaba con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares. En agosto de 2020, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión luego de haber sido capturado en febrero del mismo año con una pistola equipada con supresor de sonido y 15 cartuchos.

Decisión judicial

El juez avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, que permitió establecer la participación de alias Shrek en el crimen de los hermanos Galindo Agudelo y su responsabilidad en las conductas delictivas imputadas.

La Fiscalía destacó la importancia de esta condena como un golpe contra los grupos delincuenciales organizados que operan en Medellín y reafirmó su compromiso de perseguir y judicializar a quienes atenten contra la vida de los ciudadanos.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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