Quito/Guayaquil, 31 diciembre de 2024.- La Fiscalía de Ecuador confirmó este martes que los cuerpos calcinados hallados la semana pasada corresponden a los de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, tras ser aprehendidos por 16 soldados, contra quienes la Justicia ordenó, también este martes, la prisión preventiva.
«Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y 1 niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre», indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.
Los padres de los menores entregaron el pasado viernes muestras de sangre para cotejar con los restos de los cuerpos encontrados en Guayaquil mientras se buscaba a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, que salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad.
En videos que se difundieron en redes sociales se puede ver cómo los militares los aprehendieron cuando estaban caminando cerca de un centro comercial. Luego se los llevaron hacia Taura,una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Desde esa noche, se desconocía el paradero de los menores, a los que, según los militares, los dejaron con vida en el camino hacia la base aérea.
El pasado martes, una jueza determinó que la desaparición debía ser investigada como «forzada» y con «responsabilidad del Estado», tras aceptar el hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos».
Gritos y llantos
La confirmación de la identificación de los cadáveres ocurrió este martes en la que se desarrollaba en una unidad judicial de Guayaquil la audiencia de formulación de cargos, en la que se ordenó la prisión preventiva de los 16 militares.
Los gritos y llanto de los familiares y amigos de los menores inundaron el lugar hasta donde también habían llegado familiares de los soldados, procesados por el delito de desaparición forzada, que habrían perpetrado contra cuatro menores de edad el pasado 8 de diciembre en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En medio de lágrimas algunas personas increparon a personas que apoyaban a los militares en el sitio, y quienes también mostraban su pesar por la orden de prisión contra los uniformados.
En el mismo sitio, Abraham Aguirre, abogado de grupos de derechos humanos que apoyan a las familias de los menores indicó que «la prueba de ADN confirmó que los cuatro cuerpos encontrados en Taura son de los cuatro niños desaparecidos. Estos exámenes se toman un tiempo, pero en virtud de la premura y la conmoción que ha causado este caso, el laboratorio de Criminalística remitió el informe a la brevedad».
Avanzó que muy probablemente la Fiscalía abriría otra investigación por ejecución extrajudicial.
Desaparición forzada
La investigación por la desaparición inició el 9 de diciembre, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y transferido, el 22 de diciembre, a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Los militares investigados en esta causa son: Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L., Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Alex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E., Wilmer Danny L. C., detalló la Fiscalía.
Durante la audiencia, Fiscalía presentó elementos de convicción que sustentan la presunta participación de los procesados en el delito investigado. Entre estos: testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo. Además, informes de inspección ocular.
La instrucción fiscal durará noventa días, indicó la Fiscalía al recordar que el delito de desaparición forzada establece prisión de 23 a 26 años.
EFE