El servidor público omitió elementos materiales probatorios durante una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en el marco de un proceso judicial por homicidio.
Policía Nacional
CAQUETÁ, COLOMBIA. (9 ENE 2025) – El Tribunal Superior de Florencia sentenció a siete años de prisión al exfiscal Diego Francisco Mosquera Rodríguez, quien fue declarado culpable del delito de prevaricato por acción agravado. El exfuncionario habría actuado en contra de la ley al omitir pruebas relevantes y permitir la libertad de un hombre señalado de asesinar a una mujer en el barrio Las Avenidas de Florencia, el 25 de junio de 2017.
Según las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, Mosquera Rodríguez incurrió en múltiples irregularidades durante las audiencias preliminares del caso. Entre sus actuaciones, destacó la omisión de elementos materiales probatorios que evidenciaban la configuración del delito de homicidio agravado, lo que resultó en la retirada de la solicitud de medida privativa de la libertad en contra del capturado.
Además de la condena de prisión, el Tribunal impuso una multa equivalente a 149.996 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y lo inhabilitó por nueve años para ejercer funciones públicas. Como pena accesoria, se decretó su destitución del cargo de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Florencia.
Cabe destacar que esta decisión judicial es de primera instancia y los recursos legales correspondientes pueden ser interpuestos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.