Washington, 10 enero 2025.- Los líderes del G7 denunciaron este viernes «la falta de legitimidad democrática de la supuesta investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela», en un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.
«Rechazamos la continua y represiva búsqueda del poder por parte de Maduro a expensas del pueblo venezolano, que votó por el cambio de manera pacífica y en gran número el 28 de julio de 2024, según observadores independientes y registros electorales disponibles públicamente», se lee en el escrito.
Los representantes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los EE.UU. también condenaron «enérgicamente» la represión que se está produciendo en Venezuela contra la sociedad civil y los miembros de la oposición, incluida la dirigente opositora María Corina Machado.
El líder del chavismo, Nicolás Maduro, fue juramentado este viernes como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031 por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado.
Tras las elecciones, González Urrutia se exilió en España tras una solicitud de asilo y concesión de salvoconducto por parte de su Gobierno.
«En una democracia, ningún dirigente político debería verse obligado a buscar refugio fuera de su patria. Este hecho inaceptable pone de relieve la urgente necesidad de que en Venezuela se cree un entorno en el que la participación democrática pueda florecer sin temor a represalias», ahonda el comunicado.
Los líderes también expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y su «profunda preocupación» por «las detenciones arbitrarias y otros abusos contra civiles, incluidos niños, jóvenes y activistas, tras las protestas democráticas pacíficas que tuvieron lugar después de las elecciones y que continúan hasta el día de hoy».
EFE
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.