En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos en la región del Bajo Cauca antioqueño, dos soldados identificados como Miguel Ángel Manco Torres y Adair Alfonso Peralta Urango, pertenecientes a la Campaña Militar y Policial Aquiles, fallecieron tras ser víctimas de un área minada en la vereda La Embaretada en el Cañón de Iglesias del municipio de Tarazá.
El Ejército Nacional informó que en el mismo hecho otros tres uniformados resultaron heridos, siendo evacuados del sitio en helicópteros medicalizados y acondicionados especialmente para esta clase de situaciones.
La institución castrense indicó que el área minada habría sido ubicada por hombres pertenecientes a las disidencias del frente18 de las Farc, en alianza con Los Caparrapos, quienes delinquen en esta región y que, ante la contundencia de las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos pretenden detener su avance con esta clase de acciones criminales y cobardes.
A la zona donde se presentaron los hechos fueron enviadas tropas por aire y tierra, tanto para ubicar más artefactos explosivos, así como para localizar a los criminales causantes de este acto terrorista.
El Ejército lamentó el hecho y se unió al dolor de los familiares y amigos de estos dos soldados.
También se sospecha de las AGC
La vereda Cañón de Iglesias hace parte de la jurisdicción de Tarazá, en el Nudo del Paramillo. Este lugar ha sido un punto rojo en el conflicto del Bajo Cauca en los últimos 30 años: su ubicación alejada de los principales cascos urbanos antioqueños, su clima favorable para el cultivo de coca y la presencia de grupos armados han moldeado un escenario complicado para cualquier persona que transite o viva en este lugar.
De hecho, el 16 de octubre del año pasado hubo otro atentado similar que dejó a cuatro agentes de la Policía de Tarazá heridos. En esta ocasión el explosivo fue detonado en el momento en el que los uniformados transitaban una carretera en su patrulla. Este hecho también se registró en Cañón de Iglesias.
Esta zona hizo parte históricamente del radio de acción del Frente 18 de las Farc, que en su momento libró una guerra feroz contra el Estado y los grupos paramilitares en toda la zona del Bajo Cauca. Al ser una zona de geografía difícil, la estrategia de los guerrilleros para refugiarse en los lindes del Nudo del Paramillo fue llenar de minas antipersona los pocos accesos que habría a sus campamentos.
Con el desarme y el abandono de las Farc de estos territorios –aún fértiles para el cultivo de coca- llegaron otros dos estructuras paramafiosas a ocuparlos y a disputarse el control del Bajo Cauca: Los Caparrapos y las AGC (o Clan del Golfo).
Estos, igualmente se hicieron al control de la cadena de narcotráfico y desataron de nuevo la violencia contra el Estado y otras facciones criminales. La modalidad de plantar minas antipersonas, incluso, estaría siendo utilizada por las AGC según una fuente de inteligencia militar.
De acuerdo con la información, las AGC estarían en contacto con ingenieros de explosivos (entre los que habría antiguos miembros de las Farc que no se acogieron al Acuerdo final de Paz) para fabricar y montar los aparatos explosivos. De acuerdo con otra fuente del terreno, las AGC estarían utilizando esta modalidad desde 2017, con el costo de que algunos de sus miembros han caído en sus propias minas por carecer de experiencia para minar lugares y “administrar” campos minados.
La utilización de minas antipersona y otros explosivos contra agentes de la Fuerza Pública indica que estos grupos usan esta estrategia para frenar el avance de la Operación Aquiles, encargada al general Edgar Alberto Rodríguez para combatir los problemas del Bajo Cauca. Las minas pueden hacer parte de un plan para asentarse en el tiempo en este territorio y aislarlo de nuevo de la capacidad de alcance del Estado colombiano.
Esta es una confirmación más de la grave situación de seguridad que vive el Bajo Cauca antioqueño.