Ciudad de Guatemala, 28 ene – Un tribunal de mayor riesgo de Guatemala inició este martes el juicio a tres exintegrantes de una fuerza paramilitar por los delitos de violencia sexual cometido contra más de 30 mujeres mayas del pueblo Achí, ubicado al norte del país centroamericano, en la década de 1980 durante el conflicto armado interno.
El Ministerio Público (Fiscalía) narró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B que los exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil abusaron sexualmente de forma repetida contra al menos cinco mujeres que permanecieron detenidas en un cuartel militar por más de 25 días, en el municipio de Rabinal de la provincia de Baja Verapaz (norte).
Los acusados son Pedro Sánchez, Simeón Gómez y Félix Tum, quienes en 2019 fueron dejados en libertad por una jueza, pero enfrentan de nuevo un debate debido a que la defensa de las víctimas accionó una apelación que fue aceptada por considerar que la liberación de los paramilitares fue arbitraria.
“Las mujeres llevan 40 años buscando justicia y que se reconozcan los daños irreparables que sufrieron entre 1980 y 1983”, indicó Lucía Xiloj, defensora de las mujeres Achí.
En enero de 2022, otros cinco patrulleros fueron condenados a más de 30 años de prisión por violencia sexual contra 36 mujeres de Rabinal y se convirtió en la cuarta sentencia contra integrantes de las fuerzas armadas de Guatemala por vejámenes sexuales cometidos en el conflicto armado interno (1960-1996).
Este martes en el inicio del juicio, Paulina Ixpatá, una de las víctimas del caso, indicó a la prensa que “no descansaré hasta que se haga justicia” y agregó que confía en que el tribunal a cargo del caso actúe conforme a derecho.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años, dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Durante 2024, la Fiscalía de Guatemala, dirigida por Consuelo Porras -sancionada internacionalmente por señalamientos de corrupción-, removió a más de 12 fiscales que investigaban delitos de guerra contra altos mandos del Ejército.
EFE