RISARALDA, COLOMBIA. (31 ENE 2025) – En un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, unidades de la Policía Metropolitana, en coordinación con Migración Colombia, capturaron a un hombre de 26 años, quien era requerido por la justicia para cumplir una condena de 85 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir.
Detalles de la captura
El detenido ingresó al país en un vuelo internacional proveniente de Panamá. Tras su arribo, funcionarios de Migración Colombia verificaron su identidad y confirmaron que tenía una orden de captura vigente desde febrero de 2024, emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.
Cumpliendo los protocolos legales, Migración Colombia formalizó su ingreso al territorio nacional, y posteriormente, personal de la Policía Nacional ejecutó su captura y adelantó los trámites correspondientes para su judicialización.
Judicialización y medida de aseguramiento
El capturado fue puesto a disposición de la autoridad solicitante y un juez ordenó su reclusión en un establecimiento penitenciario y carcelario, donde cumplirá su condena.
Compromiso con la seguridad en Pereira
Las autoridades reiteraron que los controles en terminales aéreas y terrestres continuarán fortaleciéndose para evitar que los delincuentes evadan la justicia. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea única de emergencias 123, o mediante los números 3143587212 de la Seccional de Inteligencia Policial y 3203057117 de la Seccional de Investigación Criminal.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.