Miami, 11 de febrero de 2025.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó este martes al periodista mexicano Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y luego asesinado hace once años, y cuya muerte sigue impune hasta la fecha.
El organismo resaltó en un comunicado que el caso de Jiménez de la Cruz, secuestrado la mañana del 5 de febrero de 2014, tras dejar a dos de sus hijos en la escuela, refleja que «la impunidad en los crímenes contra periodistas puede derivar en autocensura, afecta el derecho de la sociedad a recibir información y pone en riesgo la libertad de expresión».
Tal como recordó la SIP, ese día cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron en la casa del reportero, ubicada en la comunidad Villa Allende, en Coatzacoalcos, estado mexicano de Veracruz, y lo amenazaron con un cuchillo en el abdomen y una pistola en la cabeza, mientras que a sus otras dos hijas también las encañonaron.
Tal como recoge el informe ‘Gregorio: asesinado por informar’, elaborado por una misión de observación de periodistas y organismos nacionales e internacionales, incluida la SIP, Jiménez de la Cruz fue esposado y llevado a empujones a una camioneta, sin que opusiera resistencia.
El 11 de febrero de ese año, su cuerpo decapitado y con signos de tortura y mutilación fue hallado en una fosa clandestina en un municipio al sur de Veracruz, junto a los cadáveres del dirigente sindical Ernesto Ruiz Guillén y el de un taxista.
Jiménez de la Cruz tenía 43 años y dejó huérfanos a cuatro hijos.
El comunicador cubría noticias policiales (algunas de sus notas las firmaba con seudónimo) y era fotógrafo de los diarios Notisur y Liberal del Sur, en Veracruz, el estado más letal para el ejercicio del periodismo en México. Solo entre 2010 y 2016 fueron asesinados 17 periodistas y otros tres permanecen desaparecidos hasta la fecha.
El Gobierno estatal alegó que el homicidio de Jiménez de la Cruz estaba relacionado con una venganza personal y no con su labor periodística, no obstante se denunciaron «carencias graves» durante la investigación y el caso fue llevado a tribunales federales por una fiscalía especial debido a la existencia de pruebas que vinculaban el crimen con su trabajo informativo.
El 5 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la República acusó y dictó auto formal de prisión contra José Luis Cházaro Ramírez, por su probable responsabilidad como coautor en los delitos de secuestro agravado y homicidio del periodista.
Con anterioridad, habían sido detenidas otras cinco personas, entre ellas Teresa Hernández Cruz, propietaria del bar El Palmar, y José Luis Márquez, ‘el Pony’, jefe de una célula delincuencial y quien presuntamente había sido contratado por la mujer para perpetrar el asesinato.
De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), hasta septiembre de 2024 no se había fijado fecha de juicio para ninguno de los sospechosos y tampoco se habían dictado condenas.
En un comunicado, el vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Carlos Jornet, afirmó que «es imperioso quebrar el ciclo de impunidad que rodea a estos casos y que sofoca el libre flujo informativo de una sociedad y daña la salud de la democracia».
Jornet añadió que «la falta de resolución en los casos de crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más grandes y complejos que enfrenta la justicia en países donde estos crímenes ocurren con regularidad, con sistemas tan sobrecargados como disfuncionales».
La Sociedad Interamericana de Prensa ha recordado este caso en el marco de su campaña ‘Voces que reclaman justicia’, que tiene como objetivo «mantener vigente la memoria de los periodistas asesinados en las Américas, recordar su trabajo periodístico y continuar exhortando a las autoridades a poner fin a la impunidad que rodea la mayoría de estos crímenes».
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami (Florida, EE.UU.).
EFE