Asunción, 12 de febrero de 2025.- Al presidente de Paraguay, Santiago Peña, «el puño no le va a temblar» para tomar medidas ante las denuncias de corrupción que han salpicado a la Justicia en el país -por una supuesta trama que al parecer involucra a legisladores, fiscales y jueces con pedidos de «favores» y «ofrecimientos de dinero»-, dijo este miércoles el portavoz del Gobierno, Guillermo Grance.
«Él quiere que se investigue, que se aclare todo. Esa es su postura y ustedes saben que el puño no le va a temblar para tomar la decisión que corresponda por el bien de todos los paraguayos», manifestó Grance durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial, en la que también participó la titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay (JEM), Alicia Pucheta.
Grance indicó que Peña recibió en esta jornada a Pucheta, quien es la representante del Ejecutivo ante el JEM, y hablaron sobre la polémica que ha salpicado a esa dependencia -encargada de enjuiciar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones-, tras conocer unos chats extraídos del celular del legislador oficialista Eulalio Gomes, fallecido en agosto del año pasado en presunto choque con las autoridades durante un allanamiento a su vivienda.
El pasado 3 de febrero, el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal comunicó al Ministerio Público que halló indicios de una supuesta «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» en presuntas conversaciones de Gomes con su colega oficialista Orlando Arévalo -quien renunció el sábado pasado a su curul y previamente a su cargo en el JEM-, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y a jueza Sadi López, quien también renunció al cargo.
En su comparecencia, Grance declaró que el gobernante, que hasta ahora no se ha pronunciado personalmente al respecto, “no sólo está enterado de la situación», sino que «se está ocupando”.
Por su parte, Pucheta afirmó que Peña está «interesado» en que se investigue a los funcionarios presuntamente involucrados.
«Es el primero, como presidente de la República, que está sumamente interesado y yo como representante del Ejecutivo, también como exmagistrada de muchos años», afirmó la funcionaria, para quien «debe hacerse una investigación como corresponde».
Las presuntas conversaciones vía WhatsApp también salpicaron a las jueces Carmen Silva y Ana Graciela Aguirre, a quienes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó abrir un sumario administrativo.
La Fiscalía ordenó una causa penal por tráfico de influencias y otros delitos para investigar los datos extraídos del celular de Gomes y posteriormente la apertura de «sumario administrativo» contra Uemura y Cano.
El Consejo de Superintendencia de la CSJ también abrió un sumario administrativo contra la juez López.
EFE