Caracas, 12 feb – La ONG Provea aseguró este miércoles que el Estado venezolano tiene la «deuda» de investigar la cadena de mando en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellas, la del joven estudiante Bassil Da Costa.
«Hoy, 12 de febrero, se cumplen 11 años del asesinato de Bassil Da Costa, quien murió de un disparo en la cabeza por funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), durante una protesta en Caracas», afirmó Provea en una publicación en X.
En ese contexto, la ONG señaló que Da Costa tenía 23 años y era estudiante universitario cuando «fue asesinado».
«El Estado venezolano tiene una deuda con la investigación a la cadena de mando de estos crímenes», apostilló el comunicado de Provea.
Así mismo, el organismo indicó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde el 12 de febrero de 2014.
Desde 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, Venezuela ha vivido varias oleadas de protestas antigubernamentales, tildadas como «guarimbas» por el Ejecutivo, algunas de las cuales dejaron decenas de muertos, especialmente en los años 2014, 2017, 2019 y 2024, estas últimas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Aunque familiares y la ONG aseguran que no ha habido justicia, el fiscal general, Tarek William Saab, en el cargo desde 2017, insiste en que el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.
En diciembre de 2016, el comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho fue condenado a 29 años y 6 meses de prisión por causar la muerte de Da Costa tras una marcha en Caracas.
Según el Ministerio Público (MP, Fiscalía), Perdomo fue condenado «por la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivo innoble, y por el uso de arma orgánica».
Ese 12 de febrero de 2014, murieron tres personas en el marco de la manifestación, fallecimientos por los que fueron señalados desde entonces funcionarios policiales.
EFE