Tolima, Colombia, 16 febrero de 2025.- La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhonatan David Palma González y a un adolescente de 16 años por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un ingeniero civil, ocurrido el pasado 12 de febrero en la vereda Canastos, zona rural de El Espinal.
Fiscales de la Seccional Tolima les imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y, en el caso del adulto, uso de menores para la comisión de delitos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Detalles del secuestro
Según la investigación, el ingeniero civil recibió el 11 de febrero una llamada para realizar un trabajo de topografía en una finca de El Espinal. Al día siguiente, al llegar al lugar, fue abordado por tres personas que lo guiaron hasta una zona boscosa cercana a la quebrada Agua Sucia. Allí lo esperaban dos sujetos más, quienes lo bajaron de su vehículo, lo golpearon y lo ataron de pies y manos.
Los agresores se apoderaron de sus celulares, billetera, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Posteriormente, se comunicaron con su familia y exigieron 28 millones de pesos por su liberación.
Palma González habría sido el encargado de vigilar a la víctima para evitar su escape y alertar a sus cómplices sobre cualquier situación sospechosa.
Captura y judicialización
Gracias a la intervención del Gaula de la Policía Nacional, las autoridades lograron la captura en flagrancia de Palma González y la aprehensión del adolescente, además del rescate del ingeniero civil.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Palma González, mientras que el menor de edad fue cobijado con medida de internamiento preventivo.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.