Colombia, 17 febrero de 2025.- En Colombia, existen once focos activos de emergencia humanitaria debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niños y jóvenes. Así lo advirtió este lunes la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Expansión de grupos armados y violencia generalizada
Detrás de esta ola de violencia se encuentran acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, y otras bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, con fuerte presencia en Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico.
«Este panorama, tristemente, refleja la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos cinco años. El grupo que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos han aumentado su presencia. Actualmente, estas estructuras ilegales tienen influencia en el 73 % de los municipios del país», aseguró Marín.
En Colombia hay once focos de emergencias humanitarias que afectan a miles de colombianos y colombianas.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 17, 2025
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, alerta que estas emergencias afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas,… pic.twitter.com/XwLgw9EUfG
Las emergencias humanitarias documentadas por la Defensoría del Pueblo se encuentran en:
- Nariño
- Cauca
- Pacífico del Valle del Cauca
- Antioquia
- Sierra Nevada de Santa Marta
- Serranía del Perijá
- Magdalena Medio
- Arauca
- Meta
- Guaviare
- Sur de Córdoba
- Buenaventura
- Tolima
- Putumayo
A esto se suma la crítica situación en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que en el último mes ha dejado casi 85.000 personas afectadas, en su mayoría desplazadas y confinadas. Según la Defensoría, esta crisis es una de las peores registradas en la historia reciente del país, causada por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.
«Además de la crisis humanitaria del Catatumbo, durante lo corrido de 2025 hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados han provocado graves afectaciones a la población civil», explicó la defensora del Pueblo.
Chocó: otro epicentro del conflicto
Uno de los puntos críticos de la violencia es el departamento del Chocó, donde el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el ELN mantienen una confrontación abierta.
La noche del sábado, la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas en la región, que iniciará este martes y se extenderá hasta el viernes 21, argumentando la «grave situación humanitaria» y el «avance paramilitar» en el territorio.
Desde hace dos semanas, en la región del Medio San Juan, se registran enfrentamientos entre el ELN y el EGC, dejando un saldo de aproximadamente 3.600 personas desplazadas y más de 12.000 confinadas, según cifras de la Gobernación del Chocó.
«Por primera vez hemos recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Ejército Gaitanista de Colombia para enfrentar al ELN», aseguró Marín.
El conflicto en esta zona se debe a la disputa por el control del río San Juan, estratégico para el tráfico de drogas, madera y la minería ilegal. En este contexto, se han registrado confinamientos masivos tras la orden de suspensión de la navegación, así como la instalación de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas.
Llamado urgente de la Defensoría del Pueblo
Ante este escenario de violencia, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales y locales a implementar «acciones inmediatas» para priorizar la protección de las comunidades afectadas.
Asimismo, solicitó a la comunidad internacional fortalecer el apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las poblaciones en riesgo.
Por último, la Defensoría exigió a los grupos armados ilegales respetar los derechos de la población civil y cesar la instrumentalización de organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal para expandir su control territorial.
Con información de EFE