Las denuncias conocidas por la Fiscalía dan cuenta de exigencias ilícitas de dinero de entre 150.000 y 700.000 pesos. Chats, interceptaciones telefónicas y videos evidenciarían pagos cercanos a 2’250.000.
Caldas, Colombia, 17 febrero de 2025.- La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Caldas y en articulación con la Policía Nacional, judicializó a dos integrantes de esa institución señalados de exigir dinero a sus subalternos a cambio de gestionar traslados, otorgar buenas calificaciones y exonerarlos de investigaciones disciplinarias.
Los procesados son el mayor Jair Alonso Saldarriaga Cuentas, quien entre junio de 2023 y noviembre de 2024 se desempeñó como comandante del Distrito 4 en Caldas, y el patrullero Leonardo Reyes Bedoya, quien fungía como su conductor.
Denuncias y presuntas exigencias económicas
El caso se conoció gracias a la denuncia de un auxiliar de Policía que cumplía su servicio militar en Aguadas. Según la investigación, el joven solicitó su traslado a Pácora por razones de arraigo, pero el mayor Saldarriaga Cuentas le habría exigido 500.000 pesos para gestionar el cambio. La suma debía justificarse como el pago de una camisa y unas botas de dotación.
Otro caso documentado por la Fiscalía señala que el oficial habría exigido dinero a un compañero bajo la amenaza de bajarle sus calificaciones, afectando así sus posibilidades de ascenso. La negativa del afectado habría resultado en evaluaciones deficientes.
Se estima que al menos cuatro uniformados fueron víctimas de estas exigencias, con montos que oscilaban entre 150.000 y 700.000 pesos. Por su parte, Reyes Bedoya tenía la función de recordarles a los afectados cómo, dónde y cuándo debían efectuar los pagos.
Durante la audiencia, los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.