El procesado, al parecer, contactaba a través de redes sociales a las víctimas y con ayuda de otras personas, las trasladaba a las zonas de injerencia del grupo armado ilegal.
Cauca, Colombia, 22 febrero de 2025.- El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió evidenciar la presunta participación de Edwar Fabián Pillimué Ilamo, alias Camilo, en el reclutamiento forzado de menores de edad para las disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos, en el departamento del Cauca.
Un fiscal especializado de la seccional le imputó el delito de reclutamiento ilícito, cargos que el procesado no aceptó. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Detalles del reclutamiento forzado
La investigación determinó que, en 2020, alias Camilo habría participado en el reclutamiento forzado de cuatro menores de edad, de entre 13 y 14 años, en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío (Cauca).
Según el material probatorio, Pillimué Ilamo recibía 5 millones de pesos por cada menor reclutado. Se evidenció además que utilizaba redes sociales para contactar a los adolescentes y, con ayuda de terceros, los trasladaba a zonas de injerencia de las disidencias.
Captura y traslado a Popayán
Alias Camilo fue capturado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, durante un operativo conjunto realizado por unidades de la Sijín, Sipol y el Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía de Cauca. Posteriormente, fue trasladado a Popayán para continuar con el proceso judicial.
Esta medida se impone como parte de las acciones para proteger los derechos de los menores y combatir el reclutamiento forzado en el suroccidente del país.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.