Vichada, Colombia, 26 febrero de 2025.- Hernán Amaya Velásquez, reconocido líder campesino, defensor de la Reforma Agraria y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado el 21 de febrero en la vereda Matagrande, Cumaribo, Vichada. El crimen se produjo mientras Amaya Velásquez trabajaba en un predio recientemente entregado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), junto a dos compañeros que lograron escapar del ataque.
Según Sergio Correa, personero municipal de Cumaribo, un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicletas de alto cilindraje atacó al líder y sus acompañantes. Aunque las circunstancias exactas del homicidio aún se desconocen, el hecho ha generado indignación y preocupación en la región, donde Amaya Velásquez era reconocido por su compromiso con la reincorporación y la defensa de los derechos de los campesinos.
Un líder comprometido con la paz y la tierra
Denuncia el medio de comunicación El Morichal que, Hernán Amaya Velásquez era un referente en la lucha por la Reforma Agraria y la implementación de los acuerdos de paz en Vichada. Apenas cuatro días antes de su asesinato, la Agencia Nacional de Tierras le había entregado un predio, un logro que representaba su incansable esfuerzo por el acceso a la tierra para los campesinos.
Amaya Velásquez se encontraba en pleno proceso de reincorporación tras haber firmado el Acuerdo de Paz en 2016. Su asesinato no solo representa una pérdida irreparable para su familia y comunidad, sino también un duro golpe para la construcción de paz en Colombia.
Grave crisis de seguridad para líderes sociales y firmantes de paz
Con este crimen, Hernán Amaya Velásquez se convierte en el líder social número 25 asesinado en Colombia durante 2025, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Además, ya son 11 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en lo que va del año, lo que evidencia la grave crisis de seguridad que enfrentan los defensores de derechos humanos, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada y los grupos armados ejercen control territorial.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido una investigación pronta y eficaz para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, han instado al Gobierno nacional a fortalecer las medidas de protección para los líderes sociales y a avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades rurales.
A.U.