La procesada se habría hecho pasar como funcionaria para ganarse la confianza de las víctimas y recibir dinero por concepto de una cuota inicial.
Meta, Colombia, 26 febrero de 2025. Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación revelaron el presunto actuar ilegal de Diana Cristina Riveros Gutiérrez, quien habría engañado a cerca de 14 personas mediante falsas ofertas de vivienda de interés social en el departamento del Meta.
Según las pesquisas, la mujer se hacía pasar como funcionaria de la administración departamental para contactar a sus víctimas. Posteriormente, las citaba a reuniones en salones públicos, donde les ofrecía su intermediación para la adquisición de casas nuevas en una urbanización. Bajo este engaño, solicitaba dinero por concepto de cuota inicial, entregando recibos que daban una apariencia de legalidad al supuesto negocio inmobiliario.
Se estableció que, a través de esta modalidad, Riveros Gutiérrez obtuvo 108 millones de pesos. Sin embargo, los bienes inmobiliarios prometidos nunca fueron entregados y el dinero no fue reintegrado a las víctimas.
La mujer fue capturada por unidades de la Policía Nacional en vía pública del sur de Bogotá. Posteriormente, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad masa y simulación de investidura o cargo.
Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos. No obstante, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.