Ovidio Narváez Piedrahita, al parecer, ofrecía lotes para viviendas campestres en una zona rural de Popayán, sin contar con las autorizaciones administrativas y los permisos ambientales.
Cauca, Colombia, 1 marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a un presunto falso urbanizador que habría estafado a ciudadanos mediante la venta fraudulenta de terrenos en Popayán. De acuerdo con las investigaciones, Ovidio Narváez Piedrahita ofrecía lotes en supuestos proyectos campestres sin contar con los permisos legales necesarios, exigiendo a los compradores pagos iniciales bajo falsas promesas de escrituración y acceso a servicios públicos.
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cauca le imputó los delitos de urbanización ilegal, estafa agravada y contaminación ambiental. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.
Las pruebas recabadas evidencian que Narváez Piedrahita no solo engañaba a las víctimas, sino que también realizaba movimientos de tierra sin autorización, dividiendo terrenos de manera irregular y promoviendo un uso indebido del suelo. Además, se constató la apertura de caminos con maquinaria pesada y el vertimiento de escombros en áreas forestales protegidas cercanas a dos ríos, generando un grave impacto ambiental.
Hasta el momento, cinco personas han denunciado haber sido víctimas de este esquema fraudulento, lo que sugiere que el número de afectados podría ser mayor. La Fiscalía continúa con las indagaciones para determinar el alcance total de la estafa y evitar que más ciudadanos caigan en este tipo de engaños.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.