La Fiscalía General de la Nación dispuso de una auditoría a la investigación que se adelanta contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz, judicializado por su presunta participación en una red de interceptaciones ilegales.
En las verificaciones, el grupo de policía judicial del CTI constató que el fiscal 32 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo, habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel – Codensa.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el funcionario judicial justificó las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos e indujo al error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos.
De esta manera, Martínez Lugo habría vulnerado la intimidad de los representantes del sindicato de aviadores y del directivo de Enel – Codensa, y constituyó una modalidad ilícita de espionaje corporativo.
Investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron en Bogotá al fiscal 32 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo, quien será presentado ante un juez de control de garantías en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá.
La Fiscalía imputará al funcionario por los delitos de:
– Concierto para delinquir
– Prevaricato por acción
– Fraude procesal
– Violación ilícita de comunicaciones
– Utilización ilícita de comunicaciones
Por estos mismos hechos, Luis Carlos Gómez Góngora, exfuncionario encargado de coordinar la sala de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación, fue judicializado y cobijado con medida de aseguramiento el 17 de diciembre de 2018. Hoy, durante la audiencia de acusación, Gómez Góngora aceptó cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Hasta el momento, la Fiscalía ha judicializado a 121 funcionarios de la entidad por apartarse de los principios de legalidad y trasparencia que rigen la administración de justicia.