Madrid, 5 de marzo de 2025.- Un acuerdo entre socialistas e independentistas sobre gestión migratoria y fronteriza en la región de Cataluña ha generado una nueva bronca política en España entre el Gobierno, formado por una coalición de izquierdas, y la oposición de conservadores y extrema derecha, que no dudan de su inconstitucionalidad.
El Ejecutivo, integrado por los socialistas y los izquierdistas de Sumar, volvió a defender este miércoles el pacto con el partido soberanista catalán Junts para «delegar» por ley competencias del Estado en inmigración a la administración regional catalana, pues considera que la Constitución lo permite.
Por el contrario, el jefe del Partido Popular, el conservador Alberto Núñez Feijóo, aseguró que esto va contra la Constitución y la unidad nacional, en alusión a que se trata de competencias «exclusivas» del Estado.
«Todos sabemos que en los últimos años ha habido muchas cesiones, pero probablemente esta sea la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional», apuntó.
El político de la derecha se refirió a las concesiones que el líder socialista español, Pedro Sánchez, ha venido haciendo a partidos independentistas a cambio de que apoyen sus políticas y, por tanto, su continuidad en el poder, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno, que se encuentra en minoría.
El Partido Socialista y Junts, que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont, registraron el martes en el Congreso una propuesta de ley para que Cataluña disponga de las competencias integrales de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las devoluciones de inmigrantes.
Además, la Policía regional catalana gestionará la seguridad de puertos y aeropuertos y estará en las fronteras, en cooperación con Policía nacional española, entre otras cuestiones.
Cataluña, actualmente gobernada por los socialistas, se configuraría como ‘ventanilla única’ en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, así como de la expedición del documento de identidad para extranjeros (NIE).
Ambos partidos justificaron la necesidad de la «delegación» de competencias en que el 18 por ciento de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24 por ciento nació fuera de la región.
Críticas también entre la izquierda
Junts dispone de solo siete diputados de los 350 que forman el Congreso español, pero sus votos fueron imprescindibles para que Sánchez fuera reelegido jefe del Ejecutivo después de las elecciones generales de julio de 2023 y lo son para aprobar las propuestas legislativas del Gobierno.
A cambio, los socialistas han impulsado leyes tan polémicas como la de amnistía de 2024 para los condenados, procesados e investigados en relación con el proceso independentista ilegal catalán de 2017.
Sin embargo, Puigdemont sigue siendo fugitivo de la Justicia española porque el Tribunal Supremo rechaza aplicarle la amnistía por el delito de malversación de caudales públicos.
Para ser aprobada, ley necesitaría el apoyo no solo de los socialistas, Sumar y los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, sino también de los cuatro diputados del partido de izquierdas Podemos, que se opone frontalmente con el argumento de que «normaliza y legitima el racismo institucional».
La portavoz parlamentaria de Junts Míriam Nogueras aseguró hoy que conocer la lengua catalana será «un requisito» para que los inmigrantes que lleguen a Cataluña puedan obtener un permiso de residencia.
EFE