La Jurisdicción Especial para La Paz, respetuosa de la separación de poderes y el Estado de Derecho, se solidariza con la autonomía e independencia de los magistrados y jueces de la República.
Así lo dio a conocer esa entidad a través de un comunicado. La JEP respeta la autonomía de los estados y sus diplomáticos, sin embargo, rechaza cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida frente a las decisiones judiciales, en este caso de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, esta última garante y guardiana de nuestra Constitución Política.
Como se sabe, Estados Unidos retiró la visa a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño.
El presidente Iván Duque se comunicó con el saliente embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, para tratar de apaciguar las cosas.
Para la revista Semana, las decisiones del Gobierno de Estados Unidos obedecerían a una serie de presiones frente a temas como la extradición.
«Lo que se esconde detrás de los desplantes diplomáticos de Estados Unidos con la justicia colombiana tiene nombre: extradición. En enero, el presidente Duque tomó la decisión de objetar seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP, dos de ellos relacionados directamente con la extradición de excombatientes y civiles. Aunque desde el comienzo la opinión pública anticipó que estarían derrotadas en el Congreso y después en la Corte Constitucional, las objeciones se convirtieron en el punto más importante de la agenda política», señaló la revista Semana.
Los magistrados creen que esta medida se toma luego de las denuncias que hicieran al afirmar que son víctimas de presuntas interceptaciones ilegales, cuya investigación adelanta la Fiscalía.