Deberán cumplir penas entre 20 y 33 años de prisión por quedarse con dineros que buscaban garantizar la llegada de docentes a comunidades indígenas y otros grupos poblacionales que habitaban en zonas veredales apartadas.
Magdalena, Colombia, 11 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación logró la condena de dos exfuncionarios y un contratista responsables de desviar recursos destinados a garantizar el acceso a la educación en comunidades de difícil acceso en Magdalena.
Un juez penal de conocimiento sentenció a:
- Antonio José Matera Ramos, exsecretario de Educación de Magdalena: 20 años y 10 meses de prisión.
- Dubys Teresa Zagarra Palacios, exfuncionaria de la gobernación: 25 años de prisión.
- John Mairon Macías Sierra, contratista: 33 años y 4 meses de prisión.
Los tres fueron hallados culpables del delito de peculado por apropiación, y en el caso de Zagarra Palacios, también de falsedad ideológica en documento público.
Fraude en contrato educativo
Las investigaciones se centran en el contrato 545 de 2013, firmado entre la Gobernación de Magdalena y una fundación por 18.531 millones de pesos, cuyo objetivo era brindar educación a 15.524 menores fuera de la cobertura oficial. Sin embargo, solo 5.191 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos.
La Fiscalía estableció que el contratista incumplió con la instalación de aulas, dotación de materiales y contratación de docentes. Además, presentó documentos falsos para justificar gastos inexistentes. La interventoría del contrato, a cargo de una universidad pública, certificó fraudulentamente el cumplimiento del proyecto.
Por su parte, Zagarra Palacios, en su rol de supervisora, y Matera Ramos, como secretario de Educación, avalaron irregularmente la ejecución del contrato, permitiendo el desembolso de 5.000 millones de pesos en favor de la red de corrupción.
El fallo es de primera instancia y puede ser apelado. Sin embargo, el juez determinó que las penas deberán cumplirse en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.