La Haya, 12 de marzo de 2025.- El expresidente filipino Rodrigo Duterte se encuentra este miércoles en un avión privado de camino a la ciudad de La Haya, donde está el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), tras ser extraditado por Filipinas como sospechosos del crimen de lesa humanidad de asesinato en su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019.
Mientras esperan el aterrizaje esta tarde del avión en el aeropuerto de Róterdam-La Haya, que hizo escala en Dubái, las diferentes estancias de la CPI se preparan para aplicar el protocolo habitual ante la llegada de un sospechoso, aseguraron a EFE fuentes del tribunal. El exdirigente de 79 años fue detenido ayer por la Policía filipina en Manila, procedente de Hong Kong.
Una vez Duterte sea trasladado por los agentes al Centro de Detención, estará oficialmente bajo autoridad de la CPI. Allí pasará por una primera entrevista sobre necesidades, situación médica y temas legales protocolarios. Después, la CPI programará una audiencia de comparecencia inicial para confirmar la identidad e informarle de sus derechos.
El centro de detención
Duterte será el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI, después del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, quien fue absuelto en 2019 de crímenes de lesa humanidad, tras pasar casi una década detenido en La Haya.
Pero la lista de órdenes de arresto emitidas por la CPI, que siguen sin ejecutar, supera la treintena e incluye al presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y el expresidente sudanés Omar al Bashir.
El Centro de Detención está dentro de un complejo penitenciario neerlandés en el barrio costero de La Haya, Scheveningen. No es una prisión, su función es garantizar una custodia segura, protegida y humana de los detenidos bajo autoridad de la CPI mientras se celebra el juicio. Una vez se dicta sentencia, se traslada al preso a una cárcel de un país socio de la Corte para cumplir su pena.
El programa diario del centro incluye tiempo al aire libre, recreación y actividades deportivas, así como acceso a libros de bibliotecas, noticias y televisión.
Los detenidos pueden usar ordenadores en su celda para trabajar en sus casos, y se les ofrece formación informática si la necesitan. Solo el equipo de defensa tiene acceso al ordenador del detenido.
También se permiten visitas de familiares, y de consejeros espirituales. Los presos reciben alimentos preparados, pero también pueden cocinar su propia comida y comprar ingredientes para adaptar sus recetas a sus gustos y tradiciones culturales.
Los detalles de la orden de arresto
La CPI hizo pública la orden de arresto, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo. Los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas “atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas”, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Estos “actos violentos” se cometieron, señala la CPI, como parte de “una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato”.
Dada la posición y funciones de Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que “tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones” y es “coautor indirecto” del crimen de asesinato.
“La Sala considera que existió un «ataque» dirigido contra la población civil, llevado a cabo de conformidad con una política organizacional durante el período en el que Duterte dirigió el DDS, y posteriormente como política de Estado cuando ocupó el cargo de presidente”, explicó la CPI.
En cifras, se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía.
El “papel central” que se le imputa incluye: el diseño y promoción de una política de exterminio de criminales; establecimiento y dirección del DDS; proporción de armas, vehículos y equipos a los perpetradores; orden directa de actos de violencia; la selección de funcionarios clave para ejecutar los crímenes; y la protección de los perpetradores de la justicia.
Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, en marzo de 2019, pero esta decisión no afecta a la jurisdicción sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
Imane Rachidi
EFE