Jerusalén, 14 marzo del 2025 – En los últimos meses, los tres rostros más visibles del estamento de seguridad de Israel (el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi; y su portavoz, Daniel Hagari) se han visto apartados de su cargo o han renunciado a él, despertando la suspicacia de analistas y medios, que ven en ello una maniobra política del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El mandatario destituyó a Gallant el 5 de noviembre de 2024 por discrepancias sobre la gestión de la guerra. Halevi dimitió el pasado 21 de enero, asumiendo su responsabilidad por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El cargo de Hagari como portavoz del Ejército concluirá en las próximas semanas y abandonará las fuerzas armadas, a pesar de que esperaba un ascenso.
«Desde hace un par de meses vemos un intento muy burdo del Gobierno de provocar la dimisión de todos los altos cargos militares y de los organismos de seguridad para no responsabilizar a los dirigentes políticos», explica a EFE en una llamada telefónica la politóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén Gayil Talshir.
«Lo que quieren hacer es básicamente decir: ‘Esto es culpa del Ejército, no tiene nada que ver con nosotros'», añade, en referencia al ataque del 7 de octubre, en el que miles de milicianos gazatíes liderados por Hamás mataron a casi 1.200 personas en territorio israelí y secuestraron a otras 251.
A pesar de que la única salida explícitamente política fue la Gallant (la Oficina de Netanyahu llegó a publicar el día de su destitución un comunicado aludiendo a las «brechas significativas» entre ambos), Talshir y varias cabeceras israelíes ven también en el fin de los roles de Halevi y Hagari una motivación política.
Sin embargo, para Gidon Ariel, miembro del Comité Central del Likud (el partido del primer ministro), ninguno de los dos fue víctima de una destitución política, y la responsabilidad del 7 de octubre es exclusivamente de las fuerzas armadas.
«Halevi estaba al mando cuando se produjo el fracaso más estrepitoso del Ejército desde la guerra del Yom Kippur (1973)», propone en una videollamada como único motivo para su salida.
La investigación del 7 de octubre
En la toma de posesión del nuevo jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, Halevi enfatizó durante su discurso de despedida la necesidad de crear una comisión pública para estudiar los fracasos que permitieron el 7 de octubre, más allá de las investigaciones internas del propio Ejército.
«Las Fuerzas de Defensa de Israel son parte de un sistema de prioridades nacionales: recibe políticas y opera acorde a ellas. Establecer una comisión estatal de investigación es necesario y esencial», dijo entonces desde el atril.
El pasado 22 de enero, la coalición de Gobierno votó en el Parlamento contra una propuesta de la oposición para convocar dicha comisión.
Una de las primeras decisiones de Zamir como jefe del Ejército fue trasladar información «sensible» sobre el 7 de octubre al auditor del Estado (elegido por el Parlamento), a pesar de que Halevi había evitado hacerlo para reservarla para la comisión estatal, según el diario progresista Haaretz.
«Netanyahu quiere que sea él (el auditor) el que haga la investigación porque es un nombramiento político», apostilla Talshir.
El periódico The Times of Israel apunta que, a pesar de que Hagari abandonará la portavocía del Ejército al concluir el período de dos años que habitualmente dura el cargo, la suya es también una destitución ‘de facto’: el vocero pretendía promocionarse a vicealmirante y convertirse en el agregado de Defensa de Israel en EE.UU., cargos que el Ministerio no le ha concedido, relegándole a dejar las fuerzas armadas.
Ariel rechaza estas especulaciones, y atribuye la decisión a que Hagari no pertenece al círculo de confianza de Zamir: «Esto no es política. El mundo funciona así».
Rendimiento de cuentas de Netanyahu
La prensa israelí propone otros dos altos cargos que podrían perder su puesto en los próximos días: el director del Shin Bet (el servicio interior de inteligencia), Ronen Bar; y la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara.
El primero, por las tensiones con Netanyahu al exigir también una comisión estatal sobre el 7 de octubre, y al haber culpado en la investigación interna del Shin Bet a las políticas gubernamentales (de las que el primer ministro es en última instancia el responsable) como parte de su «inmenso fracaso» ese día.
Mientras, el Ejecutivo votará el próximo 23 de marzo una moción de censura contra Baharav-Miara, propuesta por el ministro de Justicia, Yariv Levin, que la acusa de hacer política contra el Gobierno al cuestionar habitualmente sus decisiones y nombramientos.
«Ambos, Ronen y Baharav-Miara, están inmersos en investigaciones contra Netanyahu y sus personas más cercanas (el Catargate o su juicio por corrupción)», apunta al término de la llamada Talshir.
Hasta la fecha, ningún cargo político ha dimitido por su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre de 2023.
Paula Bernabéu
EFE