El departamento del Valle del Cauca recibe las elecciones de este año con las alarmas prendidas. La recurrente violencia sicarial respaldada por el crimen y recientes atentados contra candidatos son situaciones que no dejan dormir tranquila a la ciudadanía.
Aunque en los últimos meses se habló de corrupción en el norte del Valle por varios escándalos que involucran funcionarios públicos, el tema que se volvió más urgente es el de seguridad. Es el momento en que todavía no se han formalizado las candidaturas y ya asesinaron a dos precandidatos. De toda esta violencia, hay que añadir, también han resultado víctimas inocentes que no pertenecen a algún bando criminal o político.
Hasta el momento poco se sabe de los perpetradores de los ataques, y las autoridades los han atribuido a grupos criminales y mafiosos. También desde las autoridades han llegado noticias de capturas de criminales, prohibición de parrilleros en moto, redoble de fuerza policial, allanamientos y decomisos de estupefacientes. Todo esto, sin embargo, no ha logrado disminuir la violencia.
Las dinámicas de los grupos armados en Colombia se mantienen por más que las autoridades confisquen un cargamento o detengan a algunos de sus trabajadores. Estamos hablando de estructuras delincuenciales con poder económico, bélico y político que ocupan territorios para utilizarlos en actividades ilícitas y sacar rentas de ello.
Tal y como sucede en otros lugares del país, como Medellín, cuando un miembro de una de estas bandas es asesinado o capturado ya tiene un reemplazo esperando para ocupar su lugar. De la misma manera, aunque las autoridades encuentren un cargamento de drogas en ruta, resulta imposible calcular cuántos se escapan de su vista.
Puede que los actores cambien, pero el negocio y sus rentas no lo han hecho. Y dado estos actores trabajan con armas, la amenaza continúa vigente.
La zona que describimos que está en riesgo limita con Risaralda y el Chocó. Comprende los municipios de Tuluá, Cartago, Buga, Zarzal, El Cairo y Obando. En todos hay presencia de grupos armados y ya se siente cierta inseguridad electoral.
El escenario
El norte del Valle del Cauca es un territorio que apetecen los grupos criminales por sus facilidades logísticas: no solo es puente entre sur, centro y occidente de Colombia, también es una tierra propicia para los cultivos de coca, cercana a la región del Naya y con salida al mar a unas pocas horas en carro. De acuerdo con esto, la presencia y la afirmación de mafias y grupos criminales en el territorio vallecaucano es lo que dicta el desarrollo de la violencia.
En esta zona hacen presencia las bandas criminales de Los Flacos, La Coordillera, ELN, EPL, disidencias de las Farc, también los herederos de Los Machos, Rastrojos y del Cartel del Norte del Valle, grupos con suficiente poder para perpetrar atentados sicariales, incidir en la política, las administraciones municipales, controlar territorios y tener nómina paralela en la institucionalidad que les brinde protección oficial.
Otro actor que tenemos que mencionar aquí es el crimen trasnacional con rostro mexicano, con el que extranjeros estarían liderando desde territorio colombiano grandes operaciones de narcotráfico hacia el exterior. Estos actores internacionales contratan grupos armados colombianos que los asisten en todo el proceso del narcotráfico. El pasado 8 de mayo, solo por mencionar un caso, fueron capturados en Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura cuatro personas: estarían implicadas en la logística de un negocio de tráfico de drogas hacia Europa, y trabajaban presuntamente para el ELN.
Todo esto construye un escenario de violencia en el norte del Valle. Y estos grupos tienen el poder suficiente para poner en jaque un evento como el de las elecciones regionales meses antes de que sucedan. Ya lo han demostrado.
Los atentados
Se puede pensar que alrededor de nuestras elecciones democráticas hay un aire de paz, al menos desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. No obstante, lo contrario a “paz” sucedió el pasado primero de diciembre en Cartago.
Allí, ese día, un atentado a balas terminó con dos personas muertas y cinco heridas. El ataque estaría dirigido hacia Hugo Eduardo Cedeño Espinosa, aspirante a la Alcaldía de Cartago y quien terminó herido en una pierna. De acuerdo con las investigaciones, 7 personas dispararon por lo menos 60 balas desde rifles de asalto AK-47 y Galil. El ataque se le adjudicó al grupo Los Flacos.
Desde entonces hubo otros dos casos de ataques a precandidatos, y en ambos casos los políticos terminaron muertos. Uno de ellos fue Silvio Montaño Arango, exdiputado y candidato a la Alcaldía de El Cedrito: lo asesinaron en su casa el pasado 29 de enero. El otro es el caso de José Daniel Gómez: aspiraba a la Alcaldía de El Cairo, pero sicarios lo mataron el pasado 6 de abril.
De todas maneras, la violencia no solo se ha dirigido contra precandidatos para las elecciones. El último atentado del que tenemos conocimiento fue el pasado 15 de mayo contra Óscar Marino Badillo, alcalde actual del municipio de Obando. Hombres armados interceptaron el vehículo en que se movía y dispararon contra él. Marino logró huir ileso junto a sus dos acompañantes, pero ya sabe que su cabeza tiene un precio, se rumora que esta acción sicarial la habría efectuado uno de los grupos armados que también se mueven en Cartago y Pereira.
Los ataques que describimos son atentados selectivos, dirigidos de manera particular a los candidatos. Estos son el tipo de ataque que se están generalizando en nuestro país y con el que cientos de líderes sociales han muerto en los últimos años: sicarios bien armados llegan al lugar donde saben que está la víctima, se aprovechan de la sorpresa y atacan a la persona de manera directa.
Toda esta situación no es nueva en el norte del Valle del Cauca. Para las elecciones regionales de 2015, se habló de que los pueblos del norte del Valle estaban en un “silencio electoral”. El motivo, según los mismos ciudadanos, era el miedo alrededor de las elecciones regionales por homicidios y amenazas.
¿Y la respuesta de las autoridades?
Aunque el atentado en Cartago tendría motivaciones políticas, sucedió en un parque del municipio minutos después de que decenas de personas –también niños- atendieran un evento comunitario. ¿Qué habría sucedido si los atacantes hubieran llegado antes?
En este caso las autoridades policiales demostraron no ser suficientes, o no ser competentes. Los reportes del evento cuentan que había agentes de Policía en un CAI cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. Los agentes intentaron disparar contra los atacantes, pero fueron reducidos de inmediato por el fuego de sus adversarios. Al final el atentado se frustró porque los implicados huyeron de la escena, no por la intervención de la Fuerza Pública.
Respecto a los otros atentados, los uniformados simplemente no los podrían haber evitado porque no estaban en donde sucedieron.
Aquí hay que hablar entonces de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que se encarga de brindar seguridad a personas amenazadas que solicitan protección al Estado.
Las personas de esta entidad tienen la obligación de brindar protección a candidatos para las elecciones de este año, pero su mismo director admitió desde el año pasado que estaban desbordados: no tienen suficientes escoltas para proteger a todos quienes lo han solicitado. Esto en la práctica significa personas amenazadas sin esquemas de protección, y en riesgo de ser atacados en cualquier momento.
Este fue el caso de Óscar Marino Badillo quien, como enunciamos antes, logró huir de un atentado el pasado 15 de mayo. Marino venía denunciando amenazas en su contra, pero la UNP tomó la decisión insólita de retirarle su esquema de seguridad desde hace un año.
Urge que las autoridades tomen acciones para evitar que las elecciones en el norte del Valle se desarrollen entre balas.