Lima, 28 de marzo de 2025.- La ola de violencia que vive Perú ha llegado hasta las aulas de colegios de Lima, a las que acuden los delincuentes para extorsionar a los directores, exigirles grandes sumas de dinero y amenazarles con atacar a los escolares, una situación ante la que las familias piden medidas urgentes de protección.
«Extorsionan al colegio, extorsionan a los dueños, extorsionan a los maestros», dijo a EFE Víctor Sausa, vocero de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Escuela de Formación Básica (Anapef).
La «llave maestra» de esa extorsión es amenazar a los directores con «meter una bomba en el colegio cuando estén los alumnos» o «disparar cuando ellos estén presentes».
Según su relato, ya han ocurrido ataques a tiros contra varios centros y lanzamiento de granadas en las puertas.
Ya son unos 500 colegios afectados en la capital peruana por las extorsiones, según denuncia la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri). Decenas han pasado a dar clases virtuales por seguridad y algunos centros han suspendido su actividad.
El ministro del Interior «está esperando a que haya un muerto», afirmó el presidente de Anacopri, Guido Quintanilla, al Canal N.
Miedo a las represalias
El miedo a represalias hace que los colegios tengan miedo de denunciar las extorsiones que sufren tanto a la Policía como a los medios de comunicación.
Pese al peligro de alzar la voz, un grupo de directores de colegios ha hecho público estos días la situación que sufren y las familias han comenzado a salir tímidamente a protestar.
«Ya te exploté tu colegio y aún así sigues sin darme solución, estás esperando que mate a un vigilante o a un padre de familia dentro o fuera del colegio y a un profesor», reza una nota extorsiva dirigida al director de un colegio del distrito limeño de Comas.
Ante las grandes sumas de dinero exigidas, el colegio Pitágoras, en el distrito de Los Olivos, decidió pasar a la virtualidad por seguridad de los alumnos y después las clases se suspendieron «por fuerza mayor».
Según contaron las familias, la razón es que las amenazas de los delincuentes llegaron a los profesores del colegio para ejercer presión y que el centro haga los cuantiosos pagos exigidos.
«Parece que tienen (las bandas) un mejor servicio de inteligencia que el mismo Estado», relató a EFE una madre de familia y vocera de Anapef, Miriam Ramírez.
Delito en auge
La extorsión es un delito que ha aumentado en el último año en la capital y afecta a todo tipo de gremios. Hace dos semanas, un famoso cantante de cumbia fue asesinado en Lima después de que su banda fuera extorsionada, lo que provocó que el Gobierno peruano declarara en emergencia Lima y la vecina provincia del Callao.
Sausa explicó que las bases de datos de los colegios son de fácil acceso informático y que se pueden comprar en el mercado negro, con lo cual los delincuentes cuentan con la información financiera de los centros, y así, piden dinero dependiendo a los ingresos del mismo.
Medidas urgentes
Pese a la cifra de centenares de colegios afectados, la Policía ha indicado que tiene 28 denuncias formales, por lo que el ministro de Educación, Morgan Quero, ha pedido a los colegios denunciar la extorsión para articular soluciones con el Ministerio del Interior.
Los alcaldes de los distritos más afectados piden voluntad política para corregir esta situación y, entre las peticiones de las familias, resuena que miembros de las Fuerzas Armadas resguarden colegios, así como establecer un toque de queda para motos.
La Anapef ha presentado al Congreso una serie de medidas para combatir esta situación y señalan que la principal es activar en todos los distritos las unidades policiales conformadas con personal fiscal y judicial para poder detener a los delincuentes en flagrancia.
«Si las extorsiones vienen por mensaje de texto, por Whatsapp, ¿por qué no se intervienen inmediatamente (los teléfonos)?», protestó Sausa al añadir que la Policía debería exigir a las compañías telefónicas la información del usuario.
Paula Bayarte
EFE