Washington, 2 abr – La victoria en la elección para un puesto en el Tribunal Supremo del estado de Wisconsin de la juez progresista Susan Crawford, reconocida por su lucha y defensa de los derechos reproductivos, laborales y electorales, ha supuesto un varapalo para el milmillonario Elon Musk, que buscaba decantar la mayoría de la corte del lado conservador.
Crawford (1965), que contaba con el apoyo explícito de grandes figuras del Partido Demócrata como el expresidente Barack Obama (2009-2017), se presentaba como una candidata con tres características muy claras: justa, imparcial, y con sentido común, y prometió en su campaña «proteger los derechos y libertades básicas».
«Esos derechos se ven amenazados por un esfuerzo sin cuartel por politizar el tribunal para impulsar una agenda de derechas; creo que Wisconsin se merece algo mejor», reza su página web oficial.
Crawford se impuso en la elección para el Tribunal Supremo del estado de Wisconsin al candidato conservador, Brad Schimel, en cuyo apoyo se habían volcado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk, que invirtió millones de dólares en la contienda e hizo una activa campaña en su red social, X.
«Nunca imaginé que me enfrentaría al hombre más rico del mundo por la justicia en Wisconsin –y ganamos», dijo en la fiesta de celebración de su triunfo, analizado como un referéndum a Trump sólo dos meses después de regresar a la Casa Blanca, y un mensaje a la influencia y los millones de su mano derecha, Musk.
Criada en el noroeste de Wisconsin, la carrera de Crawford estuvo ligada en sus inicios al exgobernador demócrata del estado Jim Doyle (2003-2011), de quien sería primero fiscal general adjunta y después asesora legal.
Pasó después a la práctica privada de la abogacía con un marcado carácter social, en casos en los que representó a la ONG de derechos reproductivos Planned Parenthood, sindicatos y organizaciones por los derechos electorales, en un papel activo en la lucha contra leyes aprobadas por los republicanos sobre la limitación del aborto o la restricción de derechos laborales.
Entre ellas, impugnó una ley aprobada por el gobernador republicano Scott Walker que supuso el fin de la negociación colectiva para docentes y la mayoría del resto de trabajadores públicos de Wisconsin y que convirtió a este estado en el centro del debate nacional sobre los derechos sindicales.
También recurrió otra normativa republicana que obligaba a los votantes a mostrar una identificación con foto en las urnas.
En 2018 fue elegida como juez en el condado de Dane, donde se encuentra la capital del estado, Madison.
Su victoria da a los progresistas el control del Supremo del estado durante los próximos tres años, cuando el tribunal debe decidir sobre algunos derechos sociales, como el que permite el aborto, que el estado autoriza hasta las 20 semanas de gestación, o los de las personas trans, así como la redistribución de los distritos electorales en el estado, que podría ayudar a los demócratas a recuperar algunos asientos en el Congreso.
EFE