Las propiedades avaluadas en más de 23.000 millones de pesos están ubicadas en Medellín, Puerto Triunfo, Marinilla, Sonsón y San Pedro de Urabá, (Antioquía).
Antioquia, Colombia, 08 de abril de 2025.- Luego de la extradición a Estados Unidos de Hernán Mauricio Zuluaga Bustos, señalado como uno de los cabecillas narcotraficantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la Fiscalía General de la Nación activó un proceso de investigación patrimonial que permitió detectar una red de bienes adquiridos presuntamente con dineros ilícitos.
Los elementos materiales probatorios indican que viviendas, vehículos, motocicletas y sociedades habrían sido adquiridos con recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína por vía marítima desde el Golfo de Urabá hacia destinos internacionales. Dichos activos estarían a nombre de terceros o conocidos de Zuluaga Bustos, con el aparente propósito de ocultar su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.
Ante esta situación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 30 propiedades, las cuales están avaluadas preliminarmente en más de $23.000 millones de pesos.
Las diligencias de ocupación fueron realizadas en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, en municipios como Medellín, Puerto Triunfo, Marinilla, Sonsón y San Pedro de Urabá, todos en el departamento de Antioquia.
Los bienes afectados con estas medidas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Esta acción hace parte de la estrategia de la Fiscalía para afectar las estructuras económicas del narcotráfico, debilitando sus fuentes de financiación y capacidades operativas.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.