La Fiscalía General de la Nación demostró que Luis Carlos Barreto Gantiva habría intervenido en el direccionamiento de nueve contratos que superaron los 100 mil millones de pesos.
Bogotá, D.C, Colombia, 23 de abril de 2025.- Una juez de control de garantías de Bogotá avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien se comprometió a colaborar como testigo clave en el desmantelamiento de una red de corrupción al interior de esa entidad.
El principio de oportunidad, que implica la suspensión parcial de la acción penal, fue otorgado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. La medida responde a la decisión de Barreto Gantiva de actuar como testigo de cargo en al menos 16 procesos penales relacionados con las irregularidades en la contratación de la UNGRD.
El exfuncionario, detenido actualmente en la cárcel La Modelo de Bogotá, también se comprometió a colaborar activamente en la desarticulación de la organización criminal que direccionó contratos por millonarios montos, y a ofrecer actos públicos de arrepentimiento y garantías de no repetición.
Como medida de reparación, brindará acompañamiento técnico a comunidades indígenas de La Guajira mediante asesorías para la formulación y presentación de proyectos relacionados con agua potable, residuos sólidos, y energías renovables (solar y eólica).
Hechos investigados y preacuerdo paralelo
La investigación de la Fiscalía demostró que Barreto Gantiva participó en dos bloques de contratación entre julio de 2023 y mayo de 2024. En el primero, intervino en la reducción de 101.584 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), redirigiendo los recursos para contratos y órdenes de proveeduría por suministro de carrotanques, tanques, plantas desalinizadoras, adecuación de pozos y una interventoría, a cambio de una coima del 12%.
En el segundo bloque, direccionó el contrato 054-2024 para un levantamiento topográfico y jurídico de terrenos en La Guajira, por un valor de 4.538 millones de pesos.
Paralelamente, la Fiscalía presentó ante otra instancia judicial un preacuerdo con el exfuncionario por los delitos de peculado por apropiación y soborno en actuación penal, que contempla una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión, así como el reintegro de 150 millones de pesos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.