Alias Yena o Miguel condujo la motocicleta utilizada para transportar a uno de los sicarios e interceptar el vehículo en el que se trasladaban las víctimas.
Meta, Colombia, 29 de abril de 2025.- Ángel Leonardo Martínez Méndez, alias Yena o Miguel, fue condenado a 19 años y 5 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de tres personas ocurrido el 12 de marzo de 2023 en la vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán. El fallo fue proferido por un juez penal especializado luego de la aprobación de un preacuerdo entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación.
Alias Yena, integrante de la estructura criminal autodenominada ‘Renacer Erpac’, fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. El reconocimiento de estos delitos permitió la concreción de un fallo anticipado.
Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa correspondiente a 1.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes y estará inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante 233 meses.
Según las investigaciones de un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, alias Yena conducía una de las motocicletas usadas para interceptar un bus de transporte intermunicipal en el que se movilizaban las víctimas. Uno de los sicarios descendió del vehículo, obligó a las víctimas a bajarse y les disparó en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.
El fallo quedó en firme y representa un avance en la lucha contra estructuras armadas ilegales que operan en los Llanos Orientales.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.