Ciudad de Panamá, 5 de mayo de 2025.- Grupos sindicales y de docentes, estudiantes y activistas de redes sociales marcharon este lunes en Panamá, en apoyo a una huelga gremial que alcanza ya más de una semana en demanda de la derogación de una ley que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y en rechazo a un acuerdo de seguridad firmado con EE.UU. por el Gobierno panameño.
Centenares de manifestantes, entre ellos miembros del beligerante sindicato de la construcción Suntracs, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y del colectivo Sal de las Redes recorrieron la capital en diferentes protestas gritando consignas en contra del Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino, quien asumió su mandato de cinco años el 1 de julio de 2024.
Otros sectores como el de los farmacéuticos, los supervisores de educación y los médicos se han sumado al paro indefinido de labores convocado el pasado 23 de abril por el gremio de docentes del sector público contra la Ley 462 de la CSS para mejorar su situación financiera, que según los educadores compromete el sistema de pensiones.
Los manifestantes además rechazan los planes de reactivar una explotación minera de la empresa canadiense First Quantum, que fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.
«Los 5 gatos se multiplicaron», rezaba una de las pancartas izada durante la caminata por uno de los manifestantes disfrazado de minino, en alusión a una expresión de Mulino acerca de que no son más que «cuatro gatos» los que protestan.
En un recorrido hecho por EFE se observó que varios centros de enseñanza en Ciudad de Panamá se mantienen cerrados, al igual que un gran porcentaje de obras de construcción paralizadas. El gremio empresarial de la construcción Capac ha estimado en unos 90 millones de dólares diarios sus pérdidas.
Fernando Ábrego, de la Asoprof, valoró a EFE que se ve «mucha más» participación en estos actos masivos por parte de padres de familia, estudiantes, las enfermeras «que se van a sumar de manera progresiva con distintas acciones», y la Universidad de Panamá: «Es decir, esto se endurece, hay mucha más gente, y la juventud en Sal de las Redes», indicó el docente.
Ábrego dijo que están abiertos a dialogar, pero que antes, tanto el presidente Mulino como los gremios empresariales que impulsaron la «nefasta» Ley 462, deben tener claro que aquí está todo un pueblo diciendo «no, no van a precarizar nuestra vida ni esclavizar a nuestros hijos con pensiones de hambre, de miseria y de desesperación. No lo vamos a aceptar de ninguna manera».
«Una vez que se dé la derogatoria, entonces nos podemos sentar con la autoridades para construir con la propuesta de cada uno una (nueva) ley orgánica de la CSS», señaló el líder docente.
Por su parte, el secretario general del sindicato Suntracs, Saúl Méndez, coincidió en que la salida es derogar la Ley 462: «Sencillo, derogación de la 462, unificar los sistemas de pensiones y abrir entonces la discusión de todo el modelo del sistema de la CSS».
No obstante, el líder sindical dijo a EFE que además de este asunto está el del memorando de entendimiento entre EE.UU. y Panamá, el cual, afirmó, «tiene que desaparecer» pues es una «afrenta a la patria» y «a los mártires» que lucharon por la soberanía panameña.
Acuerdo con EE.UU.
El Gobierno rechaza las críticas por «la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia integral» tras la firma en abril pasado de un acuerdo de seguridad con EE.UU., muy polémico en el país, en medio de la crisis sobre el Canal de Panamá.
El acuerdo amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal y descarta la instalación de bases castrenses de ese país, en medio de las tensiones por las amenazas del presidente Donald Trump de «recuperar» el Canal interoceánico.
Este documento suscrito en la capital panameña entre el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha levantado una oleada de críticas pues muchos denuncian que viola la soberanía y el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que prohíbe la instalación en el país de bases militares extranjeras.
También ha sido demandado por inconstitucional ante el Tribunal Supremo del país.
Los activistas de Sal de las Redes, impulsores de esta demanda presentada el 16 de abril pasado, denunciaron hoy en un mitin que este acuerdo «ilegal» es el resultado de una «imposición» de EE.UU. a Panamá y afirmaron «estar dispuestos a defender la soberanía del país».
EFE