Quito, 7 mayo del 2025 – El colectivo de personas reconocidas como víctimas de esclavitud moderna en Ecuador aseguró este miércoles que la sentencia de la Corte Constitucional no se está cumpliendo al no haber recibido todavía las indemnizaciones de la empresa Furukawa, de capitales japoneses.
El dictamen de la Corte Constitucional condenó a Furukawa a pagar indemnizaciones que ascienden a más de 41 millones de dólares en su conjunto para los 342 extrabajadores considerados como víctimas, pero la empresa solicitó en marzo al tribunal que le permita vender hasta diecisiete haciendas para, con ese dinero, pagar las reparaciones.
Furukawa, dedicada al cultivo de abacá (musa textilis), una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, fue considerada por los jueces del máximo tribunal de garantías de Ecuador como responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.
Este consistía en «aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición».
Los jueces advirtieron que los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa, arrendadas a particulares que trabajaban las plantaciones, no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación en la Asamblea Nacional (Parlamento), Emidio Cañizares, representante de los denunciantes, aseveró que «la empresa no ha cumplido con la sentencia».
«Pedimos que por favor no nos pisoteen y que se cumpla la sentencia», dijo el hombre, de 64 años, para quien «en Ecuador cualquier persona pueda hacer y deshacer como está haciendo la empresa».
«Durante 60 años hemos sido personas esclavas. Hay personas que nos estamos muriendo. Hay 10 personas que se han muerto de cáncer y otros también están enfermos. Hemos salido de campo al pueblo pero seguimos esclavizado porque la sentencia no se ha cumplido», insistió.
Por su parte, la asambleísta correísta Paola Cabezas anunció la presentación de dos proyectos de ley que reforman normativas para tratar de evitar que se repita un caso similar, conforme establece la sentencia, mientras que también anticipó la aprobación de un informe no vinculante para exhortar a la Defensoría del Pueblo que realice el seguimiento al cumplimiento del fallo.
«Afortunadamente, la justicia en este país tarda pero llega. Y luego de muchísimos años estos seres humanos y luchadores lograron una sentencia de la Corte Constitucional, la Asamblea no podía abstraerse de ello», señaló Cabezas, parlamentaria de la Revolución Ciudadana, partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Entre las iniciativas legislativas presentadas figura una reforma del Código de Trabajo (ley laboral) que da «mayores responsabilidades a los inspectores de trabajo para identificar estas problemáticas, que se pueden generar sobre todo en el trabajo agropecuario», precisó la asambleístas.
Asimismo, el segundo proyecto de ley reforma la ley contra la trata de personas para permitir que la Policía Nacional acompañe a los inspectores de trabajo en sus visitas a las fincas.
EFE